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Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), denunció a los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, por haber cambiado las medidas cautelares en beneficio de dos secuestradores en Puebla, a quienes se les quitó la prisión preventiva oficiosa por la presentación periódica mensual.
Al presentar el informe de Cero Impunidad, el subsecretario detalló el 23 de enero de 2018 una mujer fue secuestrada de su negocio en la ciudad de Puebla presuntamente por Diego “N” y Juan Carlos “N”, quienes la golpearon y pidieron dinero a familiares.
El 26 de enero, la víctima fue rescatada de un motel y los dos presuntos responsables fueron detenidos. El 29 de enero se les formuló imputación y se les impuso la prisión preventiva oficiosa.
El 2 de febrero de ese mismo año fueron vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, ratificando la medida cautelar, y el 24 de diciembre la Fiscalía de Puebla formuló la acusación, sin embargo, ante los reiterados cambios de defensores y prorrogados de la defensa, la audiencia intermedia no ha podido llevarse a cabo.
El 6 de junio de este año, la defensa promovió un amparo par a la revisión de medidas cautelares mismos que fue otorgado por el juez 1 de Distrito en Materia Penal de Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz.
“Por ello, el 3 de julio se lleva a cabo al audiencia la revisión de medidas ante el juez de controla de la Región Judicial del Centro del Poder Judicial de Puebla y en esa audiencia el juez Francisco Javier Martínez Castillo sin considerar que las prorrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada ni el peligro que supone la liberación de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad, resolvió con libertad de jurisdicción cesar la prisión preventiva por los presuntos secuestradores e imponer nuevas medias como la presentación periódica mensual”.
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Señaló que este es un caso en la que de manera atípica se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores, pues recordó que la pena de este delito va de los 40 a los 100 años de prisión.
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