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El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja , arremetió contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro , quien concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT), recién aprobado por el legislativo.
En conferencia de prensa, Mejía Berdeja acusó que Gómez Fierro es el juzgador que “utilizan a contentillo” diversos grupos y que “defiende intereses particulares o intereses contrarios a la seguridad del país”.
“Nos parece que no debió de haber concedido la suspensión provisional, en virtud de que no se han emitido los lineamientos para determinar qué datos biométricos se solicitarán a los usuarios”, afirmó.
En la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Ciudad de México, el funcionario reviró que ven una “actitud muy oficiosa” del juez Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica porque “es tal su interés de andar de queda bien de intereses particulares”.
“Es tal este afán de andar de queda bien, que el señor juez confunde un sistema de geolocalización, que ya se puede pedir hoy en día, y no es el propósito de la ley, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya faculta a las autoridades para pedir la geolocalización de una llamada telefónica, el señor de ahí se agarra para decir que no se afecta conceder la suspensión, así anda el señor juez de desorientado”, afirmó.
El número dos de la SSPC aseguró que el objetivo del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT) es saber quién está detrás de la llamada telefónica en el sistema de prepago.
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“El ejecutivo federal, como lo hace en cualquier situación, va a comparecer este es un incidente de suspensión provisional y vemos, insisto, que hay un afán de andar de queda bien en un tema que involucra a la seguridad pública del país”.
Medía Berdeja dijo que el gobierno federal no está pidiendo ningún dato biométrico, toda vez que eso la va a decidir el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
“Hay un esfuerzo de desacreditar esta ley que ya fue publicada, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene 180 días para emitir los lineamientos correspondientes y para los que ya tienen un teléfono, habrá dos años para poder hacer el registro correspondiente y, evidentemente, cuando hayan los lineamientos las otras líneas tendrán que ajustarse a esta nueva disposición”.
Reiteró que el objetivo fundamental del padrón es la seguridad pública del país, ya que una urgencia de contar con un registro de los sistemas telefónicos móviles de prepago, que son utilizados para cometer delitos como secuestro, extorsión y trata de personas.
“En el anonimato de los sistemas de prepago, que no piden requisitos y se venden sin ningún control, los delincuentes cometen diferentes delitos particularmente el secuestro, extorsión, trata de personas y en general los utilizan para sus diferentes actividades criminales”.
kl
