Al recordar el caso del mexicano Anastasio Hernández Rojas, fallecido el 28 de mayo de 2010 a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, en la ciudad de San Diego, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró su rechazo al uso excesivo de la fuerza para detener a las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
El Gobierno de México reiteró su solidaridad con la familia de Anastasio Hernández Rojas, a quien agentes de la Patrulla Fronteriza le aplicaron choques eléctricos en repetidas ocasiones y lo golpearon: “No obstante que se encontraba en el suelo, sometido y desarmado, sin representar un peligro para los más de ocho agentes que estaban en el lugar”.
La SRE indicó que, a través del Consulado General de México en San Diego, dio seguimiento puntual al caso del connacional desde su inicio, proporcionando acompañamiento y asesoría legal a la familia, la cual decidió presentar una demanda civil en contra de las autoridades estadounidenses.
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Indicó que los abogados consultores de esa representación consular, Eugene Iredale y Adrián Martínez, alcanzaron un acuerdo extrajudicial en beneficio de la familia, y 10 años después, en julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso para su revisión, estando aún pendiente una determinación final.
“El Gobierno de México se opone al uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades al detener a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio”, destacó.
Reiteró además sus condolencias a la familia de Anastasio Hernández Rojas y refrendó que la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior es prioritaria en su política exterior.
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