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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Záldivar , exhortó a la Cámara de Diputados aprobar los 3 mil millones de pesos solicitados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para consolidar la tercera etapa de la reforma en justicia laboral que es un compromiso del Estado mexicano con sus socios comerciales del norte y que ayudará a la reactivación económica del país.
“Para mí sí fue una sorpresa que no se haya valorado lo que esto implica, reitero no sé qué razones se tuvieron, o si ni siquiera se percataron de lo que esto implicaba”, dijo en rueda de prensa.
“Yo hago una exhortación respetuosa para que se pueda ponderar esta situación”, ya que se compromete la instrumentación de la tercera etapa de la reforma en justicia laboral, pero en caso de no aprobarse dicho presupuesto se tratará de cumplir con los objetivos con los recursos disponibles.
“Es muy fácil decir si no hay presupuesto no hay reforma laboral, pero tenemos qué ver qué formas se nos ocurran”.
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“Este elemento es esencial -la reforma en justicia laboral- para una relación sana con los Estados Unidos de América, así de simple, sin esto esa relación no camina, eso es lo que está en juego y creo que es importante que la gente lo sepa”, apuntó.
Cuestionado sobre si el tema se planteó en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, dijo “se habló con quién se tenía que hablar” al tiempo que dijo que por ello no habrá rispidez con las instituciones ya que el Poder Judicial no será parte del problema sino de las soluciones en el país.
El ministro Arturo Záldivar, dijo que de mantenerse este esquema “no vamos a generar ningún problema en materia de presupuesto, entendemos que en momento de coyuntura no es fácil elaborar un presupuesto” porque hay muchas demandas y los recursos deben llegar a los más pobres.
Dijo que estos recursos no son para el gasto ordinario del Poder Judicial sino para cumplir los compromisos del Estado mexicano en esta reforma que implica una obligación constitucional, es decir no es de cumplimiento optativo, tiene que ver con una justicia para millones de trabajadores.
“Y tiene que ver con compromisos del Estado mexicano con nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá. El no cumplir en el plano internacional generaría consecuencias serias para nuestro país y afectaría la reactivación económica de México”.
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“De verdad no alcanza a entender a quienes dictaminaron el presupuesto que no consideraron relevante algo que es una obligación constitucional, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos, además de no cumplir compromisos internacionales que llevarían a consecuencias muy desfavorables al país y está de por medio la reactivación económica”, agregó.
Explicó que la tercera etapa de la instrumentación de la reforma laboral implica la construcción de 77 tribunales en 17 sedes de 11 entidades federativas, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey donde se requieren 60 mil metros cuadrados para construir los tribunales y contratar y capacitar a mil 500 servidores públicos.
“Estos 3 mil millones de pesos adicionales aún cuando se otorgaran al Poder Judicial de la Federación significaría que estaríamos ejerciendo un gasto de 4 mil millones de pesos menos que el que se ejerció en 2018”, concluyó.
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