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De los 23 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, sólo el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) no se ha sumado a la propuesta de gratuidad del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el director del INNN, Miguel Ángel Celis López, no aceptó debido a que mantiene contratos privados con una empresa por 600 millones de pesos.
“Hay un director de un instituto que es el único que no quiere la gratuidad. Yo le llamo a que recapacite, porque tiene contratos por 600 millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo”.
A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que la empresa con la que tiene contratos el instituto provee al INNN de insumos y material quirúrgico; sin embargo, invitó a qué se adhiera a este plan para eliminar las cuotas de recuperación en el tercer nivel.
“En cuanto al sistema especializado de salud, se logró aprobar la propuesta de gratuidad en todos los institutos, excepto en el de Neurología y Neurocirugía, porque tiene contratos con una empresa privada para proveer de insumos y material quirúrgico por 622 millones de pesos, y actualmente está vigente hasta noviembre de 2020. En este momento lo que dice el Instituto de Neurología es: ‘Yo quiero seguir con este contrato’, y el diálogo sigue abierto”.
Consideró importante que todos los institutos que son organismos públicos descentralizados-sectorizados a la Secretaría de Salud, tomen la decisión de incorporarse a este plan para garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para toda la población.
“En algunos casos el tema de contratos es razonable, porque quiere decir que hay que garantizar la continuidad de las operaciones; en otros casos no es tan razonable. El secretario de Salud y el coordinador de los institutos seguirán en pláticas con el director del INNN para que decida lo mejor”.
López–Gatell Ramírez destacó que el Instituto de Neurología no es el único que mantiene este tipo de contratos, al menos la mitad de este tipo de instituciones nacionales y hospitales federales requieren de distintos proveedores.
“Y estos contratos son el modelo de trabajo que existía antes y que todavía sigue, estamos en este periodo de transformación, que consiste en subrogar servicios, es decir, servicios esenciales que son responsabilidad del sistema público de salud y que fueron subcontratados”.
Añadió que la creencia es que los entes privados son más eficientes que las instituciones públicas, pero hasta el momento lo que está demostrado es que se generan sobreprecios, no hay garantía de calidad y el Estado no siempre puede rastrear la calidad de los servicios.
“Estamos empeñados en quitar ya esos esquemas de subrogación, no solamente para los servicios de farmacias integrales, sino para varios otros servicios. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana y esto es también un compromiso con la población. No vamos a poner en riesgo la continuidad de operaciones de la salud, pero tampoco nos vamos a quedar atados de manos contemplando este sistema que nos parece completamente desfavorable para proteger el interés público en salud y en las finanzas”.
