Aunque ha habido avances en la creación de leyes y normas para protegerlas y garantizar su participación en la vida pública, la violencia hacia las mujeres “es el recordatorio de que no nos consideran iguales”, coincidieron activistas y especialistas.
Al cumplirse un año más de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, consideraron que la violencia de género y su manifestación más extrema, el feminicidio, son la evidencia de que persisten la desigualdad entre hombres y mujeres y la discriminación hacia el sector femenino.
“El hecho de que todavía la violencia sea algo cotidiano es el mejor ejemplo de la discriminación que vivimos en este país”, dijo Karla Micheel Salas, abogada y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 fueron asesinadas 3 mil 579 mujeres, es decir, cada día fueron víctimas de este delito 9.8 mujeres.
La autoridad, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contó 845 casos de feminicidio conforme a su tipificación en las entidades, los otros 2 mil 734, como homicidios dolosos.
Tan sólo en enero de 2019, la dependencia contabilizó 70 denuncias por feminicidio y 229 por homicidio doloso.
Con su propia metodología, la ONU determinó que en 2018 se cometieron nueve homicidios de mujeres cada día; un año antes fueron siete.
“No estoy diciendo que no maten a los hombres, pero los asesinatos de mujeres son mucho más violentos porque los asesinos se ensañan contra ellas”, consideró Ana Lau Jaiven, académica e investigadora de la UAM Xochimilco.
En 2018 el servicio de emergencias 911 registró un millón 127 mil llamadas por incidentes de violencia, abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación, violencia, entre otros.
Esto quiere decir que cada 30 segundos una mujer habló al 911 para pedir auxilio. El secretariado especifica que estas llamadas no son denuncias, pero sí “permiten ampliar el análisis a casos posiblemente no denunciados de violencia contra la mujer”.
Aunque reconocieron que ha habido avances legislativos, éstos no han sido una “concesión”, sino un producto del trabajo de las organizaciones feministas y de la sociedad.
Se dijeron preocupadas por los anuncios que ha hecho el gobierno federal, como la propuesta de dejar de fondear los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Karla Micheel Salas, quien ha llevado casos como el multihomicidio de la colonia Narvarte, el de Yakirí Rubio y el de Dafne McPherson, dijo que los refugios trabajan hace más de 23 años, desde antes de que se reconocieran en la ley los distintos tipos de violencia.
Rebeca Ramos, coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), consideró que es necesario que el Estado garantice las condiciones para que las mujeres tomen las decisiones que quieran: “Que haya servicios de salud y cuidado, acceso a licencias de maternidad”.
