Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Familiares de los niños de la Guardería ABC, víctimas del incendio ocurrido en 2009, acusaron opacidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que, dijeron, no les permite acceder al expediente.
Luego de trasladarse de Hermosillo, Sonora, a la Ciudad de México, para que la comisión les notificara su resolución de reparación, el abogado defensor Miguel Nava dijo que no fueron atendidos, aunque estaban citados.
“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está violando el derecho de acceso a la justicia a miles de víctimas, pero en concreto, a las víctimas de la Guardería ABC”, señaló el abogado.
Explicó que la CEAV está demandada en juicio de amparo “y va a tener 30 demandas más por las condiciones ilegales en las que está funcionando. Los familiares están aquí porque tienen derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño”.
La comisión indicó que los familiares fueron atendidos, pese a que el abogado Miguel Nava, Marisol Montaño, Fabiola Lucero, Celia Lara y María Josefina Carretas enfatizaron que nadie los atendió.
El defensor explicó que cuentan con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 31 de julio de 2009 y están reconocidas como víctimas del delito y de violación a los derechos humanos.
“También demandamos en amparo al presidente de la CNDH por la negativa al derecho de petición. Perdió y está obligado a entregar la copia de la recomendación, pero se niega a cumplir”, añadió Nava.
Mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tampoco les quiere proporcionar los expedientes de lo que dicen que han gastado como institución para la atención de las víctimas.
De acuerdo con un documento que entregó Manos Unidas por Nuestros Niños en mayo de 2013 a la PGR, la organización de los padres de los fallecidos señala que el incendio fue provocado en la bodega de Hacienda, contigua a la guardería, para destruir documentos que evidencian una deuda por 10 mil millones de pesos que dejó el ex gobernador Eduardo Bours, por medio de un malos manejos de las finanzas bajo el programa Plan Sonora Proyecta.
Las pruebas que aportaron los padres en aquella ocasión señalan a tres personas que provocaron el incendio, bajo las órdenes de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces gobernador Eduardo Bours.
