Autoridades y abogados enfrentan un desafío para deslindar responsabilidades jurídicas en los casos de los 38 inmuebles colapsados por el sismo de hace un mes en la Ciudad de México.
Al participar en la mesa de debate "Responsabilidad Penal tras el Sismo del 19 de septiembre" realizada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, la investigadora del INACIPE, Alicia Azzolini Bincaz advirtió que será complicado establecer acusaciones, sobre todo para homicidio, daños y lesiones, que son delitos de donde se tiene que probar lo que se hizo y el resultado.
En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, expuso la especialista, se le tendrá que demostrar a la dueña de la escuela, Mónica García, que lo que ella hizo tuvo que ver con la muerte de 19 niños y 7 adultos.
"Hay muchos elementos que van a estar en discusión y en ese sentido digo que será un desafío, porque es un tema nuevo. Tengo claro que en el caso de las empresas y los directores responsables de obra, se tendrá que proceder en los edificios de reciente construcción, los que se hicieron con las normas nuevas y sin cumplirlas", sostuvo Azzolini Bincaz.
La investigadora aseguró que no será tan fácil encarcelar a servidores públicos y directores responsables o empleados de inmobiliarias.
"No es algo tan fácil de lograr, no digo que no sea posible, pero no creo que tengamos una expectativa de que mucha gente irá a la cárcel por este tema, porque los edificios nuevos que colapsaron fueron pocos en proporción", indicó.
En la mesa también participó, el director de Igualdad de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Rodríguez Núñez afirmó que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de la capital tiene abiertas 151 Carpetas de Investigación relacionadas con edificios colapsados por el temblor magnitud 7.1 grados.
En su intervención, el funcionario dijo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda detectó que muchos expedientes de zonificación de inmuebles fueron falsificados.
