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Responsables de estancias infantiles de 22 entidades han solicitado al Poder Judicial más de mil 903 amparos contra el recorte presupuestal de los centros de atención para menores de edad y el cambio en las reglas de operación a las que están sujetos.
Aunque en ningún caso se ha dictado sentencia definitiva, en varios se ha concedido la suspensión provisional tanto para la publicación de lineamientos como para la entrega de los recursos.
La entidad donde más amparos han sido tramitados es Veracruz, con 194 demandas; le sigue el Estado de México, con 192, y la Ciudad de México, con 133. En estos tres estados se concentra 24% del total de niños que son atendidos en las 9 mil estancias infantiles del país.
Tan sólo en el Estado de México se tiene el registro de mil 169 guarderías que tienen bajo su cuidado a 38 mil 854 menores de edad. Cada una atiende, en promedio, a 34 niños. En Veracruz hay 613 establecimientos de este tipo, ahí se hacen cargo de 23 mil 662 infantes. En tres de cada 10 cuidan a más de 50 niños.
La Ciudad de México es la tercera entidad con más estancias: 503 en total. En estos centros se tiene el registro de 16 mil 894 infantes. En 28 de estos lugares se atendían, en cada uno, hasta diciembre de 2018, a 60 niños, según datos entregados vía transparencia por la Secretaría de Bienestar.
En Campeche, Baja California y Baja California Sur hay un menor uso de estas guarderías: 6 mil 378 niños están inscritos en alguna de las 246 estancias que hay en estas entidades.
En total, en México se atiende a 329 mil 752 menores de edad bajo el Programa de Estancias Infantiles.
Sobre el tema, la Secretaría de Bienestar dijo a EL UNIVERSAL que hoy dará una respuesta sobre las solicitudes de amparos.
De acuerdo con el senador de Movimiento Ciudadano (MC) Samuel García, su partido ha contabilizado hasta ahora mil 323 amparos que se suman a los 500 juicios anunciados por el PAN, mismos que han sido tramitados en las últimas semanas en más de la mitad de la República.
Además, el PRI, en Hidalgo, presentó 80 demandas de amparo que también permanecen en trámite.
En Yucatán, un juez federal concedió la suspensión provisional en la demanda de amparo colectivo presentada por siete estancias infantiles para que el gobierno federal publique las reglas de operación 2019 para el programa, pues los quejosos alegaron que las emitidas el pasado jueves 28 de febrero, que establecen la entrega directa de los recursos a los padres de familia, no aplican para ellos.
De las demandas colectivas impulsadas por MC, en cinco casos han sido concedidas las suspensiones, cuatro suman 74 estancias infantiles en Nuevo León, las cuales forman parte de las 211 que tienen un registro en el estado norteño. En estas guarderías se atienden a 5 mil 582 menores.
“Vía el Poder Judicial vamos a poder sacar adelante el programa, también nos da mucho gusto que el Presidente haya confirmado y corregido; se van a acatar las sentencias que han ido ganando”, dijo Samuel García.
Anteriormente, a las estancias se les entregaban 950 pesos mensuales por niño, mientras que con las nuevas reglas de operación los padres recibirán 800 pesos mensuales por cada hijo.
La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, dio a conocer que el DIF coadyuvará a la dependencia para vigilar que los padres de familia utilicen los recursos en beneficio de sus hijos.
Debido a que los amparos tramitados únicamente benefician a las estancias que los han firmado y presentado y no tienen efectos generales, Samuel García destacó la importancia de que todas las guarderías se amparen hasta antes de que se cumpla el plazo de 30 días a partir de la publicación de las nuevas reglas, que fue el 28 de febrero.
Lía Limón, fundadora del Programa de Estancias Infantiles, no descartó la posibilidad de que en los próximos días incremente el número de amparos en el país.
“La gente está defendiendo su derecho, porque la decisión de cancelar el programa afecta el interés superior de la niñez, el principio de equidad de género, el derecho a un trabajo digno y es un caso de discriminación, porque se está castigando a la política pública que va enfocada a las poblaciones más vulnerables.
“Entiendo que digan que las estancias no desaparecerán, pero desaparecen de facto porque ya hay 45% menos de niños atendidos.
“Sí desaparecen, porque las madres son de escasos recursos con otras necesidades y es muy probable que ejerzan este dinero de otro modo, ya hay comunidades en las que los hombres ya les están pidiendo el dinero a las mujeres”, aseguró.
Con relación a las acusaciones de casos de corrupción, principal razón por la que el gobierno decidió modificar el modo de operar, la defensora de derechos humanos señaló que hasta el momento no ha sido exhibida ninguna prueba de ello, pero que de existir se debe sancionar: “Las responsables de estancias infantiles no tenían acceso a la base de datos, así que no podían dar de alta niños a su antojo. Bajo el argumento de niños fantasma, en el caso de que existiera, no serían responsables, porque sólo avisaban a la secretaría para que diera de alta o de baja a los niños”, explicó.
