La Secretaria de Salud dio a conocer su código de conducta para el personal de la dependencia con énfasis en la prevención del acoso sexual y la discriminación.
En el documento se establece la obligación de impulsar acciones de prevención del hostigamiento y acoso laboral o sexual, así como cualquier tipo de discriminación y violencia en general.
El nuevo código de conducta que “forma parte de la respuesta de la Secretaría de Salud a la exigencia ciudadana de contar con instituciones que beneficien a la sociedad al conducirse bajo parámetros éticos”, señala procurar un trato cálido y amable a todas las personas usuarias de la información, los servicios y los trámites de la institución
Se resalta el término de la equidad de género donde precisa que los servidores públicos en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
En otro punto se establece que en igualdad de género y no discriminación los servidores deberán prestar sus servicios sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica y preferencias sexuales.
Sobre la promoción, difusión y garantía a los Derechos Humanos se estipula que los trabajadores deberán proteger, promover y garantizar los Principios de Universalidad que corresponde a toda persona por el simple hecho de serlo, de Interdependencia que se encuentran vinculados con los anteriores, además el de Indivisibilidad que refiere a los derechos humanos que conforman una totalidad, y de Progresividad que prevé la evolución de las garantías individuales, pero ello no justifica un retroceso en su protección.
En el tema de fomentar en la institución una cultura de legalidad se prevé que en rendición de cuentas se define que los servidores públicos deberán informar, explicar y justificar las decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
Además se recalca que el lenguaje empleado en el nuevo código, no busca generar ninguna distinción ni enmarcar diferencias entre hombres y mujeres.