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Reformas para abrir la contratación laboral de personas con discapacidad en los sectores público y privado son las que plantea el presidente Enrique Peña Nieto en una iniciativa de modificaciones a ocho ordenamientos legales.
El Congreso de la Unión recibió una iniciativa de reformas en la que se obliga a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a destinar una proporción no inferior a 3% de la totalidad de su personal a contrataciones de personas con discapacidad.
Los patrones que contraten personas de este sector poblacional y a adultos mayores “podrán deducir de sus ingresos 100% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores”, señala la iniciativa que fue presentada al pleno de la Comisión Permanente en su sesión de este miércoles, a mes y medio de que inicie la próxima Legislatura. La propuesta fue turnada a las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados.
Estas disposiciones, delimita la iniciativa, no serán aplicables en las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Enrique Peña Nieto tendrá los tres meses de septiembre a noviembre para impulsar la aprobación de esta reforma para beneficio de las personas con discapacidad, en un momento en que su partido será minoría en las cámaras legislativas.
Respecto de las contrataciones obligatorias de personas con discapacidad por parte de las dependencias públicas, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto dispone que las dependencias “deberán realizar estudios de compatibilidad de sus puestos de trabajo y plazas, incluyendo los niveles de dirección y de confianza, con las diversas discapacidades y determinar si el puesto o plaza es susceptible de ser ocupada por una persona con discapacidad”.
