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Es necesario un cambio estructural, no sólo en el marco jurídico, sino también en lo educativo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas en el trabajo, coincidieron especialistas.
Al presentar el libro La discriminación en el empleo en México, Estefanía Vela, autora de la obra, afirmó que persiste la discriminación en los trabajos por cuestiones de género, raza, edad y preferencias sexuales. Advirtió que aunque existen muchas instancias y leyes que buscan abatir esta desigualdad, no son efectivas.
“Se requieren mecanismos para castigar y sancionar discriminación. Las vías cambian dependiendo el trabajo, según el empleo. Hay muchos huecos, por ejemplo, si eres una trabajadora del hogar y no tienes acceso a seguridad social. El régimen actual es un laberinto que cada día tiene consecuencias diferentes, hay una multiplicidad de instancias, pero ninguna garantiza la reparación del daño”, comentó la autora durante la presentación realizada en el Senado.
Dijo que la brecha de género en materia laboral prevalece, dado que ocho de cada 10 hombres mayores de 15 años son económicamente activos, mientras que en las mujeres este indicador es de cuatro de cada 10.
Los estados con menor participación de las mujeres en el mercado laboral son Chiapas, Veracruz, Querétaro y Zacatecas, con tasas inferiores a 40%, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estudio refiere que la edad, el estado conyugal y el número de hijos influyen en la participación de las mujeres en el campo de trabajo.
Entre los 30 y 49 años, solteras, es el rango con el mayor índice de trabajadoras, y aquellas sin hijos tienen más participación económica.
Vela comentó que la desigualdad entre ambos sexos está presente en todos los ámbitos de la vida, desde el familiar, cuando los padres no les permiten a sus hijas estudiar. Al tener menor escolaridad, se les dificulta acceder a puestos directivos.
El número más alto de mujeres ocupadas está en el comercio: 25%, contra 13.1% de los hombres.
La también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) planteó la aplicación de incentivos, de estímulos fiscales a las empresas que tengan en su plantilla laboral 50% de hombres y 50% de mujeres. Dijo que las instituciones deben mejorar su sistema de indicadores y evaluación de resultados, a fin de realizar los cambios tanto a las políticas públicas, como programas que no rindan frutos.
“El Estado debe diseñar mecanismos e instituciones que sean capaces de hacerle frente no sólo a la discriminación perpetrada por personas individuales de manera intencional, sino también la que es resultado de prácticas, políticas y arreglos laborales e institucionales que si bien no fueron diseñados para excluir, ese es el efecto que tienen”, destacó.
Ajustes de fondo. Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), comentó que el libro presentado aborda la deficiencia de las políticas públicas que dificultan a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y no garantizan la reparación del daño. Dijo que la discriminación que hay en el país es de tipo estructural, al permear en todos los ámbitos de la sociedad, además de tratarse de un “fenómeno generalizado con hondas raíces históricas. “No es con cambios pequeños, pequeñas adecuaciones, que eliminaremos la discriminación, se requiere de un cambio estructural que ponga en el centro los derechos de las personas”, indicó.
Marcela Eternod Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), consideró que el Estado está ante un “reto enorme” para garantizar los derechos de todos los ciudadanos sin considerar su condición de género, raza o si tiene alguna discapacidad. Refirió que el libro aborda el trabajo no remunerado, el cual carece de valoración.
“Se hace mucho trabajo no remunerado. Si se contara, aportaría entre 22 y 24 puntos porcentuales al PIB. Esa labor es invisible no es valorada, es cuestionada y no tiene ningún derecho laboral. Ese trabajo no remunerado es parte de la discriminación estructural”, dijo la funcionaria.
Marta Lamas, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género, indicó que la legislación no garantiza un régimen respetuoso, por lo que se requiere reformar la normatividad para garantizar el derecho a la no discriminación.
“La vida no se cambia por decreto ni cambiando la normatividad, existe una urgencia de enfrentar la discriminación en el trabajo, señalar la necesidad de comprender sus causas, qué tipo de mecanismos y medidas ayudarían a enfrentar la discriminación en el espacio laboral”, dijo.
