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Es urgente que el Estado intervenga con eficacia ante el avance de la violencia en el país, se requieren acciones legislativas que resuelvan la causa de este problema, afirmó la Comisión Episcopal para la Pastoral Social-Cáritas.
A través de un mensaje dicha comisión que forma parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dijo que las acciones legislativas generadas para atender la violencia deben terminar una visión integral que eviten la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Indicó que la legislación en la materia debe lograr el consenso de todas las fuerzas políticas, a fin de establecer estructuras nacionales, estatales y municipales de seguridad, eficaces y respetuosas de los derechos de todos.
“Avancemos ya hacia tener instituciones que, con capacitación, coordinación y equipo cualificados, provean nuestra seguridad interna, para así dejar al ejército en su función de seguridad nacional”, expresó.
La comisión presidida por José Leopoldo González González, obispo de Nogales, destacó que los factores que contribuyen a la violencia y la inseguridad se han endurecido, como son la corrupción, la desigualdad, el desempleo, la impunidad, la ineficaz procuración de justicia, el abandono al campo, entre otros. Calificó como “vergonzoso” que muchas de las ciudades del país sean consideradas como las más violentas del mundo.
Aseveró que la violencia que prevalece en el país no puede seguirse explicando como consecuencia de enfrentamientos entre bandas criminales, puesto que tiene causas multifactoriales, además de que se ha ido extendiendo extendiendo hacia nuevos ámbitos políticos y sociales.
Los factores que contribuyen a la violencia y a la inseguridad, siguen vigentes y, aún más, se han endurecido, entre ellos la corrupción, la desigualdad, el desempleo, la impunidad, la ineficaz procuración de justicia, el abandono al campo, entre otros. Por otra parte, la violencia y la inseguridad ya se han extendido a casi toda la geografía nacional y algunas de nuestras ciudades forman parte del elenco vergonzoso entre las más violentas del mundo.
“Necesitamos el resultado de las investigaciones ministeriales para conocer el significado de las ejecuciones de actores políticos, lo mismo que de periodistas y de defensores de derechos humanos. Resulta también extremadamente grave tanto el crecimiento como la extensión geográfica de los feminicidios y de otras acciones violentas contra las mujeres”, resaltó.
La Comisión señaló que el problema de la violencia preocupa a los obispos del país por lo que han decidido levantar su voz para pedir la responsabilidad de todos los actores de la sociedad a efecto de aportar soluciones de fondo, puesto que mientras más tarden esas soluciones más difícil será avanzar hacia la paz.
“Es urgente que el Estado intervenga con eficacia ante el avance de las dinámicas de violencia que se han desatado en el país, atendiendo a sus causas y factores de riesgo para desactivarlos, buscando caminos y procesos de transformación. Un aspecto que requiere ser atendido de fondo es la corrupción pública que ha favorecido a las organizaciones criminales y a sus acciones ilegales y violentas”, subrayó.
Advirtió que se necesita promover la participación ciudadana, debido a que la sociedad civil se encuentra “fragmentada y dispersa”, razón por la cual –indicó- no ha podido incidir lo suficiente ni en lo social ni en lo político para canalizar los esfuerzos de la sociedad hacia procesos que contribuyan a la construcción de la paz y la cohesión social.
