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El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito aceptó aclarar la sentencia que emitió en el Caso Iguala y en la que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Mauricio Fernández de la Mora, integrante del Colegiado, hizo suya las peticiones de aclaración presentadas por el Presidente de la República y la Cámara de Diputados.
En consecuencia, las sentencias dictadas en los amparos 203 al 206/2017 a favor de cuatro implicados en la desaparición de los normalistas serán discutidas en la sesión del jueves próximo por los tres magistrados en Pleno.
El acuerdo publicado por el Tribunal Colegiado establece que la aclaración que realizarán los magistrados sobre la sentencia es de tipo “oficiosa”, por lo que ni el Presidente ni los legisladores tienen obligación de acreditar los puntos en los que la resolución resulta confusa o imprecisa.
Los magistrados deberán analizar todos y cada uno de los puntos de la sentencia para identificar cuáles son imprecisos y, en su caso, realizar la aclaración correspondiente, misma que no implica modificar el sentido de la resolución.
La controvertida sentencia, además de ordenar la creación de una Comisión de la Verdad para el Caso Iguala, prácticamente desconoce la “verdad histórica” difundida por el gobierno federal sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurridos en Iguala, Guerrero.
Además, los magistrados ordenaron a la Procuraduría General de la República realizar dictámenes periciales independientes con base en el Protocolo de Estambul para determinar si los cuatro quejosos fueron torturados para emitir sus confesiones y que el gobierno federal comience a realizar pagos parciales de 500 mil pesos a cada una de las familias de los desaparecidos por concepto de reparación del daño.
