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Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien estuvo al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) durante más de cinco años, renunció el día de ayer a esa dependencia alegando por las políticas de austeridad de la actual administración.
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que hace oficial su renuncia irrevocable, comentó que las instituciones que protegen los derechos humanos no deben ser perjudicadas en sus asignaciones presupuestales, sino ser fortalecidas:
“Se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden, no diezmarlos obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben. Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas preparadas y bien pagadas en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de calidad de la atención de los casos y, por ende, en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia”,
Y remató diciendo que “es indispensable un compromiso eficaz, ese que va acompañado de las cifras que revelan, más allá de las palabras, las prioridades de un Estado”.
La renuncia de Jaime Rochín se suma a otras en las que también se ha señalado a la política de austeridad como la principal causante. Entre estos casos estuvieron Clara Torres, exresponsable de las estancias infantiles; Germán Martínez Cázares, extitular del IMSS, y Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, exencargada de la Semarnat.
En el caso de Jaime Rochín, él asumió la titularidad de la CEAV en 2013 y en 2017 fue ratificado por el Senado de la República para un segundo periodo.
El exfuncionario es maestro en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y en 2012 también fungió como Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A pesar de su trayectoria en instituciones defensoras de derechos humanos, Jaime Rochín salió de la CEAV entre reclamos de víctimas y organizaciones sociales por su desempeño al frente de la institución.
En reiteradas ocasiones, la sociedad civil señaló que la CEAV y su titular no se preocupaban por atender directamente a las víctimas: la dependencia no tenía personal para cumplir con sus labores y existía una gran brecha en los sueldos de directivos y asesores jurídicos, además de que no se contaban con mecanismos de rendición de cuentas adecuados.
La mayor crítica de las asociaciones hacia Jaime Rochín se relaciona con el desacato que tuvo al no presentarse en el Senado de la República el pasado 29 de abril, a pesar de que tenía una comparecencia programada.
En aquel momento, el extitular de la CEAV argumentó que se encontraba en Ginebra, Suiza, y que por eso no había podido llegar a rendir cuentas al recinto legislativo; sin embargo, un día después, un comunicado de su misma institución lo exhibió al informar que no se encontraba en otro continente, sino en Xalisco, Nayarit, reunido con familiares de desaparecidos.
En total, Jaime Rochín concluyó su administración con más de 25 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi); no obstante, muchas de ellas acusaron falta de atención por parte del organismo.
