Al rendir su informe de labores, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ), Janine Madeline Otálora , aseguró que con sus resoluciones, el organismo cumplió con mantener la estabilidad política y la paz social , pero solicitó al Poder Legislativo analizar una reforma electoral que resuelva inconsistencias e incongruencias legales.
Ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), la magistrada hizo un balance de los asuntos que fueron atendidos en el último año por el TEPJF, pero estas experiencias, dijo, “nos llevan a hacer un llamado respetuoso al Poder Legislativo para revisar y armonizar la ley”, subsanar “incongruencias e inconsistencias” y que sea con “racionalidad jurídica, alejada del calor de las contiendas electorales”.
Foto: Twitter @TEPJF_informa
Refirió que con la reforma electoral de 2014, “algunas de las reglas de operación no fueron actualizadas” y ello, reconoció la magistrada, generó serios problemas, por lo que solicitó la eliminación de “complejidades innecesarias”.
Los principales problemas detectados en las reglas electorales y que pidió al Congreso analizar, son la operación de la casilla única , que “generó serios problemas de operatividad”, y la realización de elecciones concurrentes como las del 1 de julio, en que hubo comicios federales y 30 locales, pues “no abona a la certeza” y dificulta la labor de los tribunales, que deben resolver todo casi al mismo tiempo.
Desde nuestra visión, dijo, la concurrencia de las elecciones “no abona a la certeza en la etapa de resultados, ya que los plazos de resolución se concentran en los mismos momentos, dificultando la labor de las y los juzgadores”.
La muestra es que el TEPJF ha tenido que revisar casi 30 modelos jurídicos de representación proporcional en un periodo menor a dos meses, destacó.
La magistrada planteó la necesidad de establecer plazos límite para que los tribunales electorales, estatales y las salas regionales resuelvan impugnaciones “en tiempos razonables” para que las instancias superiores puedan atender los asuntos y la necesidad de establecer un esquema de responsabilidades de los magistrados electorales locales.
“La dilación en el dictado de las sentencias a nivel local obstruye el acceso a la justicia, ya que implica que la instancia federal resuelva en plazos extremadamente breves”, destacó.
También en materia de fiscalización propuso cambios, pues si bien el rebase de tope de gastos de campaña es relevante, “el origen del dinero con el que se rebasó dicho tope es aún más importante en un sistema que busca lograr la rendición de cuentas y la equidad en la contienda”.
En suma, expuso, lo que se requiere es simplificar las reglas y la organización de las elecciones, eliminar elementos que dificultan la operación del sistema electoral “y que no abonan a una mayor equidad, legitimidad o protección de derechos”.
En su intervención, la magistrada pidió sin embargo al Poder legislativo incorporar a todos a la discusión de modo que haya voces plurales, desde la academia, hasta los actores políticos, la ciudadanía y las autoridades electorales.
DESTACAN SENTENCIAS
Respecto a la pasada elección presidencial, Otálora recordó que no fue la más impugnada de la historia, pero sí la primera en la que se impugnó la totalidad de los 300 distritos electorales y también la primera en la que no se anuló la votación de ninguna casilla.
“Sabíamos que los comicios de 2018 pondrían a prueba a nuestro sistema electoral”, dijo, y “estamos convencidos de que, en este proceso, logramos conjurar los bemoles de la desconfianza”.
En su informe, la magistrada destacó que muchas sentencias emitidas en este año por el TEPJF fueron generadoras de cambio social.
Por ejemplo, se ensancharon derechos para las y los mexicanos por naturalización o aquellos que tienen otra nacionalidad, permitiéndoles ser funcionarios de mesas directivas de casilla, postularse para ser consejeros en un Organismo Público Local Electoral y ser candidatos a algún cargo de elección.
También se ampliaron derechos de grupos hasta ahora invisibles en la ley electoral, como las personas transexuales y transgénero y “por primera vez en la historia de nuestra justicia electoral, nos pronunciamos sobre su derecho a ser votadas. Este precedente histórico nos permitió lograr su inclusión en la vida política”.
La magistrada destacó también la ampliación de curules obligatorias reservadas a candidaturas de las comunidades indígenas, y la decisión de instalar las casillas extraordinarias para que pudiesen ejercer su derecho político poblaciones desplazadas de sus comunidades por conflictos internos.
