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En el último año, el Tribnal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ahorró 480 millones de pesos, casi el 13% del presupuesto que le fue asignado para 2017 , afirmó la presidenta del organismo, Janine Madeline Otálora Malassis .
“Es nuestro deber hacer más con menos y hacer de la administración eficiente uno de los ejes que guían nuestro actuar, para realizar y ejercer presupuestos responsables que aseguren el debido funcionamiento de nuestra institución sin caer en derroches ni excesos ”, señaló.
“A partir del presupuesto autorizado se han implementado medidas de austeridad, optimización de disciplina presupuestal y modernización de la gestión, lo que nos ha permitido lograr un ahorro de hasta 480 millones de pesos”.
Durante la presentación del informe anual de labores del TEPJF , explicó que ante la situación económica del país se canceló la instalación de dos salas regionales previstas en la reforma de 2014, por lo que el incremento de las cargas de trabajo se atenderá mediante un crecimiento temporal acotado a las necesidades efectivas derivadas de la coyuntura de los procesos electorales.
En consecuencia, los recursos asignados para la instalación de las salas, 350 mdp, fueron reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación.
Destacó, ante los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en materia de difusión de los mensajes de propaganda y fiscalización de los ingresos y gastos de campaña se facultó a la autoridad fiscalizadora para imponer sanciones cuando los sujetos obligados incurran en irregularidades.
“Hemos definido de manera objetiva el criterio para distinguir los supuestos actos anticipados de campaña, del ejercicio que realizan los actores políticos en el marco de su libertad de expresión equilibrando el principio de la equidad en las contiendas con el ejercicio de este derecho”, agregó.
Puntualizó que las publicaciones periodísticas referentes a temas electorales gozan de una presunción de validez constitucional y legal hasta que no se cuenten con elementos que desvirtúen plenamente la autenticidad de la labor periodística.
“Las medidas cautelares que en su caso se pudieran emitir no deben versar sobre actos futuros de realización incierta que restrinjan la libertad de expresión”, dijo.
Comentó que conforme a los criterios establecidos en cuanto a la regulación mediática en tiempos electorales, la protección de la labor periodística no sólo debe beneficiar a los autores sino a las empresas dedicadas a la labor informativa.
“El tribunal ha considerado que la máxima protección a la labor periodística es un principio de ponderación normativa y que no es exclusiva de las personas físicas, por tanto, su tutela se debe ampliar a las personas morales quienes organizan la labor periodística correspondiente”, explicó.
ahc
