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La garantía de legítima defensa llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde los ministros analizarán si el Congreso de Guanajuato transgredió o no la Constitución al justificar agresiones contra los ladrones de casas.
Mediante la acción de inconstitucionalidad 97/2017 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo impugnó el artículo 33 del Código Penal de Guanajuato al considerar que legítima las agresiones desproporcionadas contra quien irrumpa en otros inmuebles.
“El delito se excluye cuando se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión ilegítima por intrusión actual a casa habitación”, indica la reforma al código publicada en el Periódico Oficial de Guanajuato el 14 de julio de 2017.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la redacción del precepto es abierta y transgrede los derechos de seguridad jurídica y legalidad, además de que puede dar pauta a la transgresión de otras garantías, por ejemplo, la integridad personal y la vida”.
Carencia. “La norma carece de delimitantes específicos que permitan definir los alcances de su composición, es decir, al prever como excluyente del delito la repulsa en cualquier medida por la mera intrusión actual a casa habitación se faculta la permisión de actuaciones desproporcionadas entre la repulsa y los bienes jurídicos protegidos, fuera de los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan la figura de la legítima defensa”, acusó la CNDH.
El organismo indicó: “Al no establecer estos límites para quienes se defienden ante la presencia de ladrones o intrusos en su casa se permite el uso excesivo de la legítima defensa, lo que deriva en la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución federal y de la obligación del Estado de respetar los derechos humanos”.
De acuerdo con las listas de notificación de la Corte, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el Congreso del estado rindieron sus informes, por lo que en breve la CNDH deberá responder sus mensajes.
Desconocen quién examinará el tema. Una vez que todas las partes ofrezcan las pruebas e informes correspondientes el asunto será turnado a alguno de los integrantes de la Corte para realizar el proyecto, razón por la que hasta ahora se desconoce quién lo hará.
Sin embargo, debido a que el máximo tribunal no cuenta con términos específicos para resolver este tipo de asuntos es posible que el tema sea discutido hasta finales de 2017 o incluso en 2018.
