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En todo el país han sido presentados más de 4 mil 500 amparos contra la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, en los cuales se han concedido 580 suspensiones definitivas en favor de los quejosos.
De acuerdo con la organización Frente por la Niñez, los jueces federales en entidades como Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz han concedido esas suspensiones.
Destacó que la semana pasada se emitió la primera jurisprudencia sobre el tema: todos los jueces del país están obligados a conceder la suspensión en los amparos contra la cancelación de dicho programa.
Las suspensiones hasta ahora otorgadas ordenan al gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, a entregar los recursos destinados al programa de Estancias Infantiles conforme a las reglas de 2018.
Es decir, el recurso se entregará directamente a los responsables de las estancias infantiles y por una cantidad de 950 pesos por niño inscrito, pues las reglas de 2019 establecen que se destinen 800 pesos a los padres de familia, para que ellos decidan a qué centro educativo llevar a sus hijos.
La organización celebró la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 10 de junio, en la que reconoció violaciones a los derechos de niños, niñas, madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles.
La recomendación se derivó porque fueron presentadas 204 quejas por violaciones a 5 mil 340 personas en todo el país con la cancelación del programa federal.
“El Frente por la Niñez reitera la importancia de priorizar el interés superior de la infancia y mantener las políticas públicas y el presupuesto destinado a garantizar sus derechos”, afirmó la organización.
La CNDH indicó en su recomendación que el nuevo programa de la Secretaría de Bienestar para apoyar a las madres trabajadoras durante 2019 no implica una sustitución de las estancias infantiles, que originalmente inició su operación en 2007.
Por ello, pidió a la dependencia federal que establezca un mecanismo para restituir los derechos violados, actualizar el padrón de niños beneficiarios del programa y que realice el pago retroactivo de los subsidios.
Además, solicitó dar prioridad a las responsables de estancias infantiles para la operación de dichos centros y que el Sistema Nacional DIF se encargue de su supervisión.
