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Para el final del sexenio se espera la generación de 4 millones de empleos formales, cifra que rebasaría los puestos de trabajo generados en las últimas cinco administraciones, afirmó Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Al presentar un balance sobre los avances en materia laboral, el titular de la STPS, acompañado por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, consideró como una “cifra histórica” el número de empleos generados en este sexenio, dado que se han creado medio millón de empleos más que en los últimos 12 años.
“Seguimos trabajando para que al término de la actual administración se logre la meta de al menos 4 millones de empleos, cifra histórica para un solo sexenio, se han superado las cifras de las últimas cinco administraciones en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo o empleos formales, como aquí se ha dicho: en seis años, medio millón más que en los 12 anteriores”, enfatizó.
Resaltó que desde diciembre de 2012 a la fecha se han creado 3.2 millones de empleos, por lo que en los últimos cinco años el empleo asegurado al IMSS se ha incrementado 1.4% en promedio, por arriba del crecimiento económico, lo cual es resultado, dijo, de las acciones de formalización.
Aunque la tasa de informalidad se redujo 3%, reconoció que hasta enero de este año este indicador representaba 57.1% de la población económicamente activa y consideró que uno de los retos en materia laboral es reducir la informalidad.
“La generación de empleos ha tenido un impacto en la tasa de informalidad laboral. No solamente pudo detenerse una tendencia creciente a la informalidad, sino que pudo revertirse y corregirse en 3 puntos porcentuales, comparando las cifras del último cuatrimestre de 2012 con las del mismo periodo de 2017. La mayor parte del trabajo está en la informalidad, las tasas de seguridad social son bajas, ese es uno de los retos”, dijo.
Mencionó que los empleos creados han contribuido a que los trabajadores pasen de un esquema informal sin prestaciones laborales ni seguridad social, a uno formal en el que cuentan con las prestaciones de ley, mediante las cuales pueden acceder a la seguridad social, que implica atención a la salud de sus familias, ahorro para el retiro, acceso a créditos Fonacot y de vivienda a través del Infonavit.
Resaltó que el poder adquisitivo de los salarios se ha fortalecido gracias al dinamismo de los mercados laborales. “Se ha rescatado el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos en términos reales, ya que el salario mínimo se ha recuperado en casi 19%, lo que significa la recuperación más grande en 40 años”, aseguró.
Sobre el tema de los mineros, Campa Cifrián rechazó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) haya emitido alguna resolución respecto al pago de 54 millones 84 mil 470 dólares por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), debido a que aún hay procesos pendientes.
“Ayer [martes] circuló información de que la junta emitió un laudo relativo a 5% de las acciones, a los 54 millones de dólares que han estado en estos distintos procesos legales.
“Después de consultar con el presidente de la junta, esta instancia no ha emitido laudo alguno, por lo que respecta al Sindicato Minero o a 5% de los 54 millones de dólares, no hay ningún laudo que haya emitido la junta, hay procesos legales instaurados en distintas instancias, en la Corte, recursos que han frenado la emisión de resoluciones por parte de la junta”, enfatizó.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana también rechazó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya emitido un laudo para el pago de más de 54 millones de pesos con motivo del fideicomiso minero.
En un comunicado el sindicato minero señaló que los recursos de ese fideicomiso son propiedad de la organización sindical y no de los trabajadores en lo individual, pese a que “en ejercicio de la libertad y autonomía sindical se hizo entrega por voluntad propia de una parte substancial de los mismos a trabajadores mineros relacionados con las empresas a las que concretamente se les hizo el cobro años atrás”.