Más Información
politica@eluniversal.com.mx
La Secretaría de la Función Pública (SPF) impugnará la decisión del juez federal en materia administrativa que otorgó una suspensión definitiva a favor de la empresa brasileña Odebrecht, investigada por sobornos y corrupción, para impedir que sea sancionada administrativamente.
Así lo informó la titular de la SFP, Arely Gómez, quien dijo que la dependencia está lista para entablar una estrategia legal contra esa decisión.
En entrevista durante el Sexto Seminario internacional: Poder, corrupción e impunidad, que organiza la Red de Rendición de Cuentas (RRC), Gómez González recordó que están abiertos ocho procesos administrativos, y en tres estaban próximos a notificar, pero el juez le dio una suspensión definitiva por lo que están impedidos a hacerlo.
La secretaria Gómez González dijo que están listos a combatir esa suspensión definitiva. La SFP actuará con apego a derecho y será muy estricta en el cumplimento de sus responsabilidades”.
El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva a Odebrecht contra el desechamiento de los incidentes con los que intentó desvirtuar la investigación de la SFP.
Así hasta que el amparo sea resuelto en el fondo para decidir si el desechamiento de los incidentes puede causar perjuicio a Odebrecht, el procedimiento administrativo de la SFP quedará congelado y no podrá, por el momento, emitir resolución alguna.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard, aseguró que la suspensión otorgada por un juez federal a Odebrecht, es un proceso que no detiene las indagatorias. La PGR sigue los procesos penales y la indagatoria en contra de la empresa brasileña, investigada por entregar sobornos a funcionarios de Pemex, a cambio de contratos de obra pública.
“Sólo les otorgaron una suspensión, entonces siguen los procesos penales en curso”, aseguró.
Peschard Mariscal aseguró que la PGR debe terminar las pesquisas para que haya claridad sobre los implicados en este caso de corrupción.
El pasado lunes, el ex procurador Raúl Cervantes, informó a senadores que la PGR concluyó las investigaciones sobre el caso Odebrecht, por lo que en los siguientes días se harán las imputaciones que correspondan ante el Poder Judicial.
En la inauguración del Seminario, el investigador del CIDE, Mauricio Merino, advirtió que el régimen político amenaza la lucha contra las prácticas clientelares, opacas, autoritarias y la corrupción.
Criticó que por presiones políticas, restricciones y amenazas no se haya nombrado al fiscal Anticorrupción, no se ha creado la Fiscalía General de la Nación y no se han nombrado a los 18 magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados se sancionar casos graves por corrupción.
El auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, afirmó que el gran reto es que el sistema se replique a nivel local, porque se pretenden implementar “estructuras paralelas” a las oficiales bajo el supuesto de que la ciudadanización del sistema pasa por dotar a estas instancias de atribuciones similares a las de las instituciones gubernamentales.
