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Especialistas en Derecho coincidieron en que el sistema judicial mexicano debe ser reformado integralmente para garantizar un acceso a la justicia efectivo y para todos; la existencia de policías capacitados para actuar en el sistema penal y que las sentencias sean emitidas por jueces verdaderamente independientes.
A través de un foro virtual organizado por The Aspen Institute México, su presidente Luis Gerardo del Valle Torres; el investigador Sergio García Ramírez y la catedrática Ana Laura Magaloni analizaron la problemática y posibles soluciones al tema de acceso a la justicia en México.
García Ramírez afirmó que un problema en el sistema de justicia en México es que el más criticado es el juez pero se ha omitido observar el actuar de los ministerios públicos y los policías, razón por la que arrastran diversas deficiencias que afectan la ministración de justicia.
“Tenemos que hacer el análisis uno por uno de los actores de la justicia para ver cuál es la realidad de la justicia, regularmente ponemos la mirada sobre los jueces, necesitamos mejores jueces, más preparados, mejor protegidos porque muchos de ellos se encuentran desvalidos; pero creo que hay que encargarnos también en el ministerio público y muy particularmente sobre la policía.
“La policía que tenemos, yo diría que padecemos, no es ciertamente un factor garantizador de un buen manjeo de la justicia y el papel de la policía en la justicia es esencial, esperamos una reforma o una revisión total que no está proveyendo, a mi modo de ver, esta nueva modalidad de policía de la Guardia Nacional, que ya vimos que no dio resultado, y que tampoco se puede relevar a través de la militarización”, dijo.
Magaloni criticó que en México la mayor parte de los juicios se quedan en el ámbito local pues la justicia federal parece estar reservada sólo para quienes tienen recursos y tiempo para llevar sus litigios hasta las últimas consecuencias.
Destacó que a pesar de la carga de trabajo que tienen los poderes judiciales locales son los que menos presupuesto reciben mientras que el Poder Judicial de la Federación (PJF) , que conoce de aproximadamente el 2.5% de los asuntos que se ventilan en tribunales, es el que más recursos económicos tiene.
“Creo que hemos perdido la brújula en torno a la reforma a la justicia y esta debe ser local, no federal y es centralmente administrativa no normativa (…) local porque vivimos en un régimen federal y en regímenes federales cuando se tiene un litigio regularmente se empieza en la jurisdicción local en la primera y segunda instancia y sólo de forma excepcional vas a acabar en el amparo en la jurisdicción federal.
"Hemos diseñado un sistema que prácticamente se le han olvidado esas primeras dos instancias y todos los recursos y todo el debate se ha ido a la jurisdicción federal y estamos diseñando un sistema de justicia que privilegia a quien tiene capacidad económica”, señaló.
Luis Gerardo del Valle coincidió en que el sistema de ministración de justicia es analizado de manera parcial y se reforma únicamente a nivel federal aunque el primer acceso del ciudadano a la justicia es a través de sus tribunales locales.
Reconoció que no basta con reformar ni siquiera los poderes judiciales por entidad federativa sino que se requiere una modificación integral que incluya ámbitos como el civismo, la educación, prevención, procuración, administración y readaptación.
“Propongamos una reforma integral porque si no abordamos el sistema educativo desde las escuelas básicas, hasta las universidades, en especial las de Derecho y las de formación judicial, no vamos a lograr nada”, enfatizó.
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