El secuestro es un delito del que ni siquiera las autoridades saben qué pasa en realidad. En 2017 se abrieron mil 387 carpetas de investigación en el país, de acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); los especialistas discrepan de esto, calculan que anualmente secuestran a 10 mil ciudadanos.
Todavía hay una tercera cifra que es avasalladora: 81 mil 291 mexicanos contestaron que, en el último año, ellos o algún familiar fueron secuestrados, según lo revelado en la Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) 2018 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representaría que todos los días ocurrieron 200 secuestros en calles de México.
La pregunta que hace el Inegi es clara: “Durante 2017, ¿algún integrante de este hogar, incluido usted, sufrió secuestro o secuestro exprés, para exigir dinero o bienes?”. De 2012 a 2017, 593 mil 316 mexicanos contestaron que sí. Es decir, se estima que cada año, en promedio, ocurrieron 98 mil 886 secuestros.
Estas aproximaciones, resultado de la Envipe, son el otro extremo de las apenas mil 400 carpetas de investigación que se abrieron anualmente en el país.
Sin cifras que muestren la realidad de lo que ocurre en México, las estrategias para combatir este delito son insuficientes.
Entre 2007 y 2008, el número de investigaciones reportadas por las autoridades se duplicaron, al pasar de 438 a 907, según los datos oficiales. Esta tendencia continuó al alza, hasta que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron mil 683 averiguaciones, la cifra más alta en los últimos dos sexenios.
Como un intento para frenar esto, el gobierno federal creó la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase); en su último año (2018) invirtieron 75.3 millones de pesos en la estrategia para combatir ese delito.
Pero los especialistas calculan que este crimen no muestra signos de ir a la baja. “Esto no es un fenómeno, es algo que va mutando, pero siempre va en aumento. Hasta ahora no he visto ninguna medida pública que impacte en su incidencia”, asegura Pablo Carstens, experto en negociaciones de secuestros desde hace 25 años.
Además, los secuestrados suelen amenazar con que están trabajando con las autoridades y este tipo de amenazas tienen un efecto exponencial cuando no hay instituciones que logren contrarrestar esta estrategia, dice David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad para México Evalúa.
Con el gobierno de Felipe Calderón este delito llegó a nuevos territorios. Mientras que a finales de 2006 eran Tlaxcala, Baja California, CDMX y Baja California Sur los estados con las tasas más altas de denuncia por cada 100 mil habitantes, en el último año del panista esta dinámica cambió y se fue a entidades como Morelos, Guerrero, Tamaulipas y Coahuila. Este delito tiene diferentes características dependiendo de la región, pero hasta ahora “no hay mucha información de las capacidades que tiene cada estado para reaccionar y evaluar sus capacidades de disuasión del delito”, dice Ramírez.
Terror en Tabasco
El 12 de febrero de 2019, Amado Arias López, de 73 años, conducía en dirección a una parcela que tenía en el municipio de Teapa, Tabasco. En el camino alguien lo detuvo, lo hicieron bajar de su auto y se lo llevaron. El lugar se quedó en silencio, sólo se podía observar su camioneta con las llaves puestas, su yegua arriba y su sombrero en el asiento. Papá Amado, como le decían sus nietos, fue secuestrado.
Esa misma tarde, Julio César Arias, de 49 años, recibió una llamada de su hermana. Lo que le decía era como un guión de película. Unos hombres exigían 3 millones de pesos para devolverle a su padre.
Con la esperanza de que todo fuera una mala broma, Julio le habló a un joven que era el ayudante de su papá. Diez minutos después recibió la confirmación: en el camino únicamente estaba la camioneta. No había rastro de Papá Amado.
El siguiente paso fue llamar a la Fiscalía de Alto Impacto. Aunque les indicaron el último lugar en el que vieron al señor Amado, los policías nunca llegaron. Ambos hermanos tuvieron que ir hasta las oficinas para presentar la denuncia formal y pedir el auxilio de las autoridades.
Ese día comenzaron las negociaciones. Desde ese momento, Julio César no abandonó la casa. La segunda llamada llegó ese día: “Me dijeron que si tenía el dinero y que si no me iba a llegar la mano de mi papá. Casi no me daban tiempo de hablar. Nunca me quisieron dar una prueba de vida”, narra Julio.
Durante siete días toda la familia permaneció en vilo. Recibieron 16 llamadas, todas con insultos, siempre negándose a comunicarlos con don Amado. En la última incluso quisieron imitar su voz.
El domingo 18 de febrero fue el día final para la familia Arias. Las autoridades les informaron que en el Río Carrizal encontraron el cadáver de un hombre con las mismas características de la persona que estaban buscando. El reporte de la necropsia indicaba como causa de muerte un infarto. Papá Amado murió un día después de que lo secuestraron.
La investigación sigue su curso, pero Julio César sólo recibió un pedazo de papel roto con el número de la carpeta de investigación escrito. En su voz se refleja la impotencia: “Después de que encontraron a mi papá, bajaron la guardia y ya no les importó el caso”.
