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Las titulares de las secretarías de Bienestar, María Luisa Albores González, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtieron que el gobierno federal no solapará a servidores públicos que utilicen los recursos de programas sociales con fines políticos o electoreros.
“Los programas sociales que se diseñan y aplican en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista”, dijo Albores.
Agregó que en la administración federal “tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos y menos con los recursos destinados a atender a las personas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza”.
Por eso anunció que se tomarán acciones “en caso de identificar que algún servidor público está utilizando de manera incorrecta los recursos públicos durante procesos electorales” durante todo el sexenio.
Las secretarías de Bienestar y de la Función Pública (SFP) suscribieron ayer con el Instituto Nacional Electoral (INE) un convenio mediante el cual se blindarán los programas sociales de uso político-electoral no sólo en las elecciones de este año, sino hasta 2024.
Sánchez Cordero atestiguó la firma del convenio y recordó que, según el artículo 134 de la Constitución, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia política.
Esto es, dijo, una tajante prohibición a que los servidores públicos influyan en la equidad y en la competencia entre los partidos.