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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la principal responsable de las irregularidades que provocaron que se abriera el socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca , afirmó Enrique Guadarrama López , segundo visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo presentó la Recomendación 34/2018 sobre la construcción del libramiento de la Autopista México-Cuernavaca , conocido como paso exprés , en donde de acuerdo con sus investigaciones murieron cuatro personas, dos de ellos, padre e hijo, cuando se abrió el socavón. La tercera víctima falleció antes, cuando fue golpeado por un cable de luz al pasar por la zona en una motocicleta, mientras que la cuarta persona cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento.
El segundo visitador General de la CNDH explicó que emitieron 29 puntos recomendatorios dirigidos a la SCT, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca.
“Respecto a la responsabilidad institucional, la CNDH concluyó que la SCT fue la principal responsable de las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución de la obra del paso exprés, que en conjunto produjeron los elementos necesarios para que se abriera el socavón”, afirmó Guadarrama López.
Indicó que el expediente de la recomendación de la CNDH contiene 29 mil 447 fojas y con base en la investigación se detectaron anomalías, como la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no ocho como originalmente se había previsto.
Respecto al posible esquema de corrupción de Banobras y la SCT, la CNDH observó irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94% en el costo previsto de mil 134 millones 215 mil 941.01 pesos y aumento de siete meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.
Laura Treviño, directora del Programa Empresas y Derechos Humanos de la CNDH, indicó que el organismo analizó la posibilidad que hubo de salvar con vida a las personas que cayeron en el socavón y aunque detectaron falta de coordinación entre las diversas autoridades, aseguró que “ante las características de riesgo presentadas en la zona, la posibilidad de rescate de las víctimas era mínima”.Guadarrama López enfatizó que “el socavón no fue un accidente, fue una cadena de ineptitudes administrativas”, lamentó que actualmente sólo nueve servidores públicos han sido sancionados y no se ha impuesto ninguna a las empresas, por lo que instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva del hecho y a reparar el daño a todos los afectados.
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