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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de una reforma aprobada por el Congreso de Tabasco con la que se redujo en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos en la entidad.
Las impugnaciones fueron presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), el PRI, el Partido Verde y el PRD.
Este miércoles, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena emitió un acuerdo en el que dio entrada a las demandas sobre las cuales deberá elaborar un proyecto de resolución.
Por ello, el ministro emplazó a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado a que rindan sus informes sobre el estatus del decreto impugnado en un término de seis días naturales.
El decreto 004 , que constituye el acto reclamado, se trata de una propuesta legislativa impulsada por Morena en la entidad en la que argumentó que “el impacto de la crisis económica nacional aunada a las condiciones financieras de Tabasco por motivo de las propias del país, obliga a buscar mecanismos legales y necesarios para que los recursos (financiamiento público) destinados para actividades ordinarias de los partidos políticos, sea otorgado a estos de manera racionalizada y no dispendiosa”.
Establece que, independientemente de si hay o no procesos electorales, cada año los partidos políticos recibirán una gran bolsa de recursos sólo para financiar sus actividades ordinarias permanentes.
Para calcular la cantidad que le corresponderá a cada partido, se deberá multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal por el 32.5%, en lugar del 65%, cantidad por la que actualmente se multiplica, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
