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María del Carmen Carranza y su esposo, Ronald James Wooden, se mudaron a México para iniciar su propio negocio y formar una familia. De todos los países disponibles para vivir, eligieron el nuestro por la calidez y amabilidad de la gente, pero al llegar a Taxco, Guerrero, se encontraron con otra realidad.
Apenas montaron su propio taller de artesanías, comenzaron a recibir amenazas por parte de presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes les exigían una cuota para que pudieran seguir con su trabajo.
El hostigamiento continuó a medida que pasó el tiempo y también provenía de parte de los propios vecinos de la pareja.
Carmen relata que todo alcanzó un clímax el 28 de abril de 2013, cuando policías municipales detuvieron a su esposo porque supuestamente se había estacionado en un lugar que no le correspondía.
Por esa situación, Ronald fue llevado a la comandancia de Taxco, donde lo torturaron por más de cuatro horas hasta que su pareja logró que las autoridades lo dejaran libre pagando una “multa administrativa” de 200 pesos.
A causa del ataque, Ronald quedó severamente lastimado de sus manos, ya que Carmen asegura que “cuando le pusieron las esposas, [le pisaron las manos] con las botas. Ya no puede hacer ningún tipo de joyería, porque para eso hay que ser finos. Además emocionalmente también está mal, porque en su país esto ya se hubiera resuelto”.
Después del acto de tortura, y tras haber sido amenazados para que no denunciaran los hechos, la pareja se trasladó a la Ciudad de México para pedir ayuda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); sin embargo, la institución tardó dos años en atenderlos.
“Mi esposo organizó dos huelgas de hambre para llamar la atención de Jaime Rochín, el encargado de la comisión, [pero] tan insensible es el señor que nunca bajó. Fue hasta 2016 que nos inscribieron en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y mi esposo pudo contar con asistencia médica en el Hospital General, aunque sólo fue por poco tiempo”, relata Carmen.
El apoyo que recibieron por parte de la CEAV se limitó a cuatro mil pesos mensuales para pagar una renta a pesar de que la ley establece que esa dependencia debe facilitar atención médica y psicológica a las víctimas para cumplir con la reparación integral del daño.
Asimismo, María del Carmen reclama que desde que la comisión ejecutiva los atiende han tenido 10 asesores jurídicos diferentes, pero ninguno los ha tratado de manera correcta, porque los cambian cada tres meses.
Al no haber encontrado asistencia legal y médica, Ronald decidió volver a Estados Unidos para encontrar un trabajo, pagarse sus propios tratamientos y enviarle dinero a su esposa para que pueda tener un lugar digno donde vivir.
“Por la tortura que recibió mi esposo, se fue y vuelve un día cada seis meses. Vivimos un matrimonio de lejos y a Jaime Rochín le vale, no le interesa nada que [tenga que] ver con las víctimas”, reclamó .
Y respecto a la percepción que ahora tiene de México, comenta: “Yo recordaba que la gente era muy apapachadora [pero] ya no es así: México cambió y la gente ya no es tan amigable. Ahora mi plan es volver a Estados Unidos y tratar de recuperar mi antigua vida”.
