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La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló un grupo de empresas y personas físicas, tanto mexicanas como extranjeras, que exportaban alimentos básicos a la República Bolivariana de Venezuela, los cuales eran revendidos en un valor 112% mayor al costo real.
Derivado de una denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la dependencia, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), detectó que la red adquirió productos de baja calidad con recursos de un programa venezolano y los trasladó a ese país con sobreprecio.
Estando en territorio venezolano, los productos eran revendidos a la población con un alza al costo real de 112%. Los operadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un programa creado en 2016 por el presidente Nicolás Maduro para atender la emergencia económica, eran quienes los revendían.
En febrero de 2017, EL UNIVERSAL publicó que el empresario venezolano Samark López Bello, designado por el gobierno de Estados Unidos junto con el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, como narcotraficantes, realizó una serie de millonarias exportaciones de alimentos desde el puerto mexicano de Veracruz hacia su país y las vendió con sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro, pese a las profundas carencias internas de bienes de consumo básico, revelaron ayer fuentes de la oposición política venezolana.
El titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, informó ayer que se identificó a Alex “N”, aparentemente relacionado con el gobierno de Venezuela, y a Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, como los operadores de esta red que lucraba con la crisis alimentaria que afecta a los venezolanos.
Como parte de las indagatorias, explicó Lira Salas, localizaron mil 300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contenían aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con el caso. La PGR llegó a un acuerdo reparatorio con los imputados, que establece que entregarán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 3 millones de dólares, que serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.
