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A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México aseguró que las reformas en materia de seguridad implementadas en la actual administración “ofrecían la panacea a nuestros males, pero solo abrieron la Caja de Pandora, escribiendo la receta del desastre”.
Autoridades eclesiásticas aseguraron que no hay día en México en dónde no se conozca la muerte una persona bajo circunstancias violentas, resaltó en el texto que en la mayoría de ocasiones estos decesos corresponden a gente que no está vinculada con el crimen, sino que son víctimas de la “imparable impunidad y el poroso sistema de justicia que no atina a castigar de forma ejemplar y ser disuasivo de la comisión de delitos, que por desgracia siguen a la alza en muchos municipios y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional”.
El editorial precisó que el gobierno federal, a través de la autoridad en materia de seguridad pública, presumió hace tres años que entre 2012 y 2014 los delitos se habían reducido 7% de acuerdo con los Principales Avances de la Política de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, pero “solo fue una lamentable estrategia triunfalista para pender de alfileres uno de los objetivos prioritarios: mejorar las condiciones de seguridad y garantizar tranquilidad en todo el territorio nacional”.
A dos años de aquel discurso, la Arquidiócesis encabezada por Norberto Rivera Carrera afirmó que las condiciones actuales revelan que lo que se supuso como un contundente avance, en realidad solo desvió la mirada “de la progresiva corrosión social y del sometimiento de la ciudadanía a estos delitos que siguen avanzando bajo la mirada absorta de los responsables, que no logran la reducción delictiva, pues dan palazos al viento sin atinar al objetivo”.
Puntualizó que las cifras oficiales “estremecen”, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios en México, una proporción de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa superior a la de 2015 que fue de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, y diez entidades federativas concentraron los índices de homicidios más altos, siendo las más peligrosas para vivir: Colima, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Baja California, Baja California Sur, Michoacán y Tamaulipas.
Detalló que en la Ciudad de México la situación es “paradigmática y preocupante”. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, en el primer cuatrimestre del 2017, el homicidio culposo aumentó 75% de las delegaciones de la capital.
El artículo comentó que no sólo se trata de homicidios sino que otros delitos van a la alza, el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano señala que en relación con 2016, en el primer cuatrimestre de 2017, el secuestro aumentó 10%; la extorsión 23% y el robo con violencia 27%.
“Las cifras podrán quedarse en el papel como objeto de estadística; sin embargo, afuera, en las calles y comunidades, hay una ciudadanía descontenta y decepcionada de los paupérrimos resultados y el incumplimiento de lo que fue puesto como prioridad para lograr mejores condiciones de seguridad”.
El texto concluye que hace seis años, la principal demanda de los mexicanos era tener paz, por lo que lanza un par de preguntas al aire; “¿A quiénes conviene que esto no cambie? ¿Quiénes se están beneficiando de la industria del delito? ¿Convino que la Secretaría de Gobernación tomara de nuevo las riendas de la seguridad pública? Corrupción e impunidad son los ingredientes de la calamidad en las que nos encontramos”.
lsm