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Tras cinco años de aplicación de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto no mejoró el aprendizaje de los niños, persistieron la “opacidad y discrecionalidad” en el ejercicio del dinero para pagar a los maestros y, pese a los concursos, no se logró asegurar que las plazas en el magisterio se entregaran a los profesores mejor evaluados, encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó incrementos de mil 900 millones de pesos al presupuesto de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para publicitar la reforma educativa, encontró la Auditoría Superior de la Federación en la tercera entrega del informe de la cuenta pública 2017. Ese año, cuando Aurelio Nuño era titular de la dependencia, a la misma se le autorizó un incremento de 9,841% al presupuesto inicial de 19 millones 112.3 mil pesos para publicitar la reforma.
El titular del organismo, David Colmenares, informó que a cinco años de que se promulgó se detectaron diversas irregularidades en su operación y también dio a conocer que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no tuvo un modelo de evaluación integral.
Estas fallas “conllevan el riesgo de que, aun con la materialización de la reforma educativa, no se logre mejorar la calidad de la educación ni elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos”, dijo.
Al revisar los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2015, 2017 y 2018 encontró que “no existe una mejora generalizada y homogénea en el nivel de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria, ya que persisten brechas significativas entre las entidades federativas”, señala el informe de la cuenta pública 2017 de la ASF.
El gasto destinado a la implementación de la reforma fue “inercial y no constante, debido a que no existió una planeación presupuestal de mediano y largo plazos que permitiera garantizar la suficiencia de los recursos y asegurar una adecuada distribución”, determina.
En cuanto al mecanismo para administrar la nómina educativa, “persistieron irregularidades en el ejercicio de los recursos, como la opacidad y discrecionalidad”, porque no había criterios para definir su uso ni hubo instrumentos de control para evitar el pago a trabajadores no identificados en los centros de trabajo.
Se encontró que persisten 141 mil 265 trabajadores ausentes de sus centros de trabajo o que no fueron identificados en los mismos; los argumentos más frecuentes fueron que los trabajadores no estaban presentes por cambios de adscripción.
