Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , entregó un documento a la Cámara de Diputados , a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar , en el cual pidió a las autoridades no recortar el presupuesto de las estancias infantiles .
La CNDH señaló que el recorte al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” implica que los menores restrinjan su derecho a la educación y estimulación temprana, así como a vivir en condiciones de bienestar.
“El recorte presupuestal anunciado por más de dos mil millones de pesos, puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral. Es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos sin preparación para el desempeño de labores de cuidado”, señaló la institución.
González Pérez pidió a las autoridades que durante sus tomas de decisiones tomen en cuenta los marcos legales nacionales e internacionales, siempre en favor de los derechos de la niñez y la perspectiva de género.
Asimismo, la dependencia pidió que se haga un estudio sobre la opción de entregar a los familiares los recursos económicos que antes se daban a las estancias :
“Considerando que dados los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen, sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez ”.
No obstante, al mismo tiempo que la CNDH argumentó que se sigan dando los apoyos económicos a las estancias , también dijo que es necesario “establecer los mecanismos administrativos e institucionales para el adecuado control, fiscalización y auditoría de los recursos que se transfieren para garantizar su aplicación al objetivo destinado”.
El documento que entregó la Comisión Nacional fue dirigido al diputado Porfirio Muñoz Ledo , presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González.
Por último, en ese mismo escrito, la CNDH concluyó diciendo que “el hecho de que se aleguen presuntos actos de corrupción, así como irregularidades o problemas administrativos, no puede eximir a las autoridades de cumplir con sus obligaciones, ni justifica el que se deje de lado el respeto de los derechos humanos”.
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