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En 10 años los recibos bimestrales de luz que pagó nunca superaron los dos mil 500 pesos. Pero después de 2012 algunos llegaban por 5 mil, otros de 7 mil, y en octubre de 2015 fue el más alto: casi 15 mil pesos. La tienda no generaba las suficientes ganancias para una cuota de energía tan alta. En 2017 sus facturas volvieron a disminuir y a aumentar sin ningún criterio existente. En diciembre de 2017 recibió una factura de más de 10 mil pesos.
Esta cuota era imposible de pagar para un comerciante que cuando vendía un refresco de medio litro en 14 pesos sólo le ganaba un peso. El cobro era injustificado, el negocio de Sergio no era tan grande como para generar este gasto. Su única opción fue levantar una queja contra la empresa.
Los “errores” en los recibos de la luz no son casos aislados. De 2011 a 2018, la CFE recibió 223 mil 36 quejas a nivel nacional por cobros excesivos. De estos más de 200 mil reportes, 55% ya está resuelto; son 122 mil 983 casos en los que se tiene claro si el cobro fue correcto o no. La CFE encontró que en 27 mil 412 de estas quejas sí existía un error en los importes.
Las cuotas que se intentaron cobrar en esos ocho años eran aproximadamente 40% más altas de lo que en realidad tenían que pagar los usuarios. El sector comercial fue uno de los más afectados. De 2011 a 2018 presentaron 31 mil 644 quejas por sus tarifas. En una de cada 10, la CFE comprobó que los montos eran erróneos. En promedio, los comerciantes estaban recibiendo facturas alrededor de 7 mil pesos más altas de lo que les correspondía.
Estas fallas en los cálculos se detectaron por las quejas que interpusieron los usuarios. Con cada una, la CFE inició un proceso de revisión de queja por alto consumo para detectar si había un error en la lectura del equipo de medición. En los casos en los que se confirmó, se realizó un ajuste a la tarifa, aseguró la CFE mediante una solicitud de información.
Además, desde 2016 firmaron un convenio con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para agilizar la resolución de quejas en el país.
El Estado de México y la capital del país son un ejemplo de lo que la ASF reportó desde 2013. Para Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), “estos ‘recibos locos’ se deben a que [...] en 2009, cuando entró la CFE, no hubo lecturas del consumo de electricidad. Todas las lecturas fueron estimadas por más de dos años”, asegura.
Incertidumbre para usuarios
De 2012 a 2015, Sergio dedicó todas sus ganancias a pagar las facturas de luz. Fue hasta 2016 que interpuso una queja ante Profeco y ahí le informaron que mientras no se llegara a una resolución tenía la opción de no pagar y no se haría acreedor al corte del servicio, porque si cubría los montos estaba aceptando que eran correctos.
El miedo de seguir acumulando deudas con la CFE y que nuevamente lo agredieran, hicieron que Sergio cerrara la tienda. Sin ningún otro ingreso económico, desde mayo de 2018 fue vendiendo todo. El día de hoy sólo tiene la rebanadora de jamón y una báscula.
Aunque la CFE no debe suspender el servicio de electricidad mientras una queja está en proceso, uno de los días en que Sergio llegó al local semivacío se dio cuenta de que ya no tenía luz. Su patrimonio de 13 años estaba totalmente fuera de servicio. Este tipo de cortes arbitrarios y malos tratos por parte de los empleados de la CFE están registrados en las 3 mil 42 quejas que se han interpuesto en la CNDH desde 2010.
Clientes de bajo perfil
Pero aquellos que consumen poca energía eléctrica, como Sergio, del sector comercial y doméstico están atados a la CFE. Las opciones para ellos son escasas. Aunque en agosto de 2018 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó diversos permisos a empresas para prestar el servicio de suministro básico, sólo una de estas tiene firmado un contrato con el gobierno, pero no ha entrado en operaciones.
Sergio se unió al Comité Popular de los Derechos Humanos de los Pedregales, donde se organizan para exigir un “borrón y cuenta nueva”, beneficio que hasta ahora sólo recibieron los usuarios de Tabasco, y una tarifa social justa en la que se les cobre 3% del ingreso económico del usuario, en el caso de los que consumen poca energía y pequeños negocios familiares, pero lograr esto parece lejano para él. Por ahora únicamente espera que algún día pueda volver a tener su tienda.
