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La empresa cementera Cruz Azul fue clausurada parcialmente en sus instalaciones de Tula, Hidalgo, por carecer de autorización de impacto ambiental vigente.
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección a las instalaciones de la empresa cementera, y al verificar la documentación encontró que carecía de la autorización vigente expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Ante esta situación se impuso como medida de seguridad la clausura parcial temporal del proyecto “Construcción y operación de la Unidad de Molienda de crudo número 6”, de la empresa Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., debido a que su autorización de impacto ambiental estaba vencida.
Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la procuraduría ambiental, explicó que sólo se clausuró la parte de las instalaciones que no cuenta con la autorización de impacto ambiental. La sanción se levantará hasta que se realice la actualización de este documento, lo cual podría ser máximo en 60 días hábiles, plazo que podría extenderse hasta 120 días dependiendo la complejidad del proyecto, según indica la Semarnat.
“Se clausuró esa parte que no contaba con la autorización de impacto ambiental, abrimos un procedimiento administrativo que eventualmente ordenará medidas correctivas que consisten en la actualización del resolutivo de impacto ambiental con la Semarnat para que pueda seguir operando, mientras no cuente con ese resolutivo no va a poder operar esa parte de las instalaciones de la Cruz Azul”, indicó.
De no cumplir con esta medida, la cementera podría pagar una multa de hasta 3.7 millones de pesos; el subprocurador de la Profepa, Rodríguez Abitia, confío en que la empresa actualice este documento, dado que ha tenido “un buen desempeño”.
Dijo que la actividad que se estaba desarrollando en las instalaciones clausuradas usaba molinos y filtros que generaban emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, en especial, dióxido de carbono.
La autorización de impacto ambiental tiene, en promedio, una vigencia de entre 15 y 20 años, dependiendo la empresa.
Las implicaciones de no contar con la autorización de impacto ambiental es un daño al medio ambiente a través de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, como es el caso de la cementera.
“Estas autorizaciones deben cumplirse para reducir los impactos ambientales, y tienen que actualizarse, porque con el tiempo, con el avance de la tecnología y de los procesos de las empresas, se pueden generar impactos ambientales que no estaban contemplados”, dijo.
La parte clausurada de la empresa ocupa un área de 3 mil 588 metros cuadrados e incluye los siguientes equipos: una banda transportadora, sistema de conducción de polvos hacia el filtro de bolsas, molino de crudo integrado por cuatro rodillos y mesa giratoria, tirantes hidráulicos, motor y reductor de velocidad del molino, y sistema de inyección de gases calientes.
Rodríguez Abitia destacó que prevalecen las empresas con incumplimiento de la legislación ambiental. De cada 100 visitas que realiza la Profepa a industrias, sólo 30% cumple con la normatividad, mientras que 60% presenta anomalías, las cuales ameritan que una de cada 20 empresas inspeccionadas reciban algún tipo de clausura, sea parcial o total. La Profepa realiza un promedio de 6 mil inspecciones a industrias al año.
