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Los 30 millones de pesos que el gobierno federal espera recaudar con una subasta de autos confiscados y usarla en la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones no serán suficientes para solucionar una problemática tan compleja, coincidieron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
Guadalupe Ponciano Rodríguez, especialista en tratamiento de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM aseguró que esta cantidad “no sería suficiente, no se puede definir una estrategia de combate al consumo de drogas a partir de esa cantidad de dinero, tan sólo las campañas de prevención son muy costosas y atender las adicciones va más allá de un esfuerzo tan simple”, comentó.
Expresó que para evitar que la población mexicana consuma drogas, se debe plantear una estrategia integral con una visión que entienda que las adicciones son un problema multicausal y atienda cada una de ellas.
“El gobierno no puede dar soluciones simplistas, no puede decir que invertirá 30 millones de pesos en campañas o en programas educativos y ya, en caso de hacerlo, debe evaluar los resultados, hay que crear estrategias a largo plazo que tengan como base un trabajo conjunto entre dependencias como la secretaría de Educación Pública y la de Salud, se requiere de un análisis profundo de la situación”.
Rafael Camacho, experto en el tratamiento de adicciones coincidió en que los recursos que el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que se recolecten durante una subasta de autos confiscados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son insuficientes, si con éstos se quiere atender y dar solución a la problemática.
“Para brindar tratamiento a personas con algún tipo de adicción, esos recursos no alcanzan, 30 millones de pesos son insuficientes, quizá si se usan en una campaña preventiva sea una buena cantidad, pero no basta con eso, hay que darle seguimiento, ver cómo funcionó, si cumplió con su meta o no, y eso también cuesta”, dijo.
Mencionó que además de especificar en qué se usaría el dinero recaudado, el gobierno federal debe cuidar que se cumpla la ley y evitar que los niños y adolescentes tengan acceso a drogas legales como el alcohol y tabaco.
“No es sólo anunciar con bombo y platillo una inversión millonaria y ya, se necesita regular de manera eficiente la venta de alcohol y tabaco, verificar que realmente no se venda a los menores y en caso de que esto suceda, se castigue, porque esas son las primeras sustancias nocivas que prueban los jóvenes mexicanos”.
El experto resaltó que la impunidad es el principal obstáculo para que funcione cualquier estrategia de combate al consumo de drogas.
“Sí queremos hacer prevención, se debe trabajar con niños, en las escuelas, capacitar a profesores, pero esto no tiene sentido si un menor puede ir a la tienda y comprar cervezas y cigarros, el gobierno debe vigilar que esto no suceda, si no lo corrige, nunca bajará el consumo; en este ejemplo vemos que la impunidad se asoma y obstaculiza cualquier solución, sea el problema que sea”, enfatizó.
A parecer de Daniel Cunjama López, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la administración actual está dejando de lado las irregularidades que se han detectado en los establecimientos que se dedican a la desintoxicación de pacientes con alguna adicción.
“El presidente no especificó en qué se usarían esos 30 millones de pesos, por eso no sabemos si es suficiente o no, pero me parece importante resaltar, que siempre se habla de prevención y tratamiento como en los Centros de Atención Primaria de Adicciones, pero olvidan que deben destinar una partida para investigar y regular estas clínicas, si se les puede llamar así, en donde atormentan al paciente, lo denigran, lo humillan y no hay evidencia de que sus mecanismos funcionen, sería bueno saber que usarán recursos para este fin”, puntualizó.
