Como lo adelantó EL UNIVERSAL en su edición de hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la acción de inconstitucionalidad que promovió ese organismo en 2014 en contra de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales , y que permite la revisión de personas y de autos sin necesidad de una orden judicial porque podría seguir propiciando violaciones a derechos y libertades básicas de las personas, sobre todo en contra de adolescentes y jóvenes.

En un comunicado, la CNDH consideró que entre los derechos humanos que la aplicación de estos artículos pueden vulnerarse encuentran los derechos de presunción de inocencia , debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad, en tanto faculta a la autoridad policial a llevar a cabo la inspección de una persona o de su vehículo, por la simple existencia de una “sospecha razonable”, lo cual, en opinión de la Comisión contraviene principios procesales y directrices básicas del sistema penal acusatorio mexicano.

"La acción que en su oportunidad promovió este Organismo Nacional buscó brindar seguridad jurídica a las personas al evitar que la ambigüedad y vaguedad de la redacción de los preceptos impugnados siguiera propiciando la amplia discrecionalidad y subjetividad que a la fecha existe para que las autoridades detengan e inspeccionen a personas, sin mediar orden judicial o que existan parámetros objetivos para justificar la realización de tales actos de molestia o normas que determinen y acoten los términos y condiciones en que habrán de llevarse a cabo", dijo.

La CNDH manifestó que las detenciones arbitrarias han sido unas de las principales causas de inconformidad ante la CNDH en los últimos años, habiéndose registrado 10 mil 225 quejas por este motivo entre 2007 y 2017, tan sólo en el ámbito federal, por lo que este Organismo Nacional y el Sistema Nacional de ombudsperson se encuentran realizando un informe sobre este tema para dimensionarlo y determinar sus causas a nivel nacional, cuestión que resulta de particular importancia pues con frecuencia, las detenciones arbitrarias se vinculan a otras violaciones a derechos humanos de mayor gravedad como tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes o desapariciones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que continuará atenta para recibir las denuncias y documentar los excesos que se cometan en la aplicación de los preceptos cuya constitucionalidad se resolvió, a la vez que promoverá el que se certifique y capacite al personal de las instituciones policiacas que tenga a cargo su aplicación, así como el que se formulen protocolos de actuación para tal efecto, los cuales prevean mecanismos de supervisión externa y una debida rendición de cuentas.

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