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Washington.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, mostró su preocupación por la “profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos” en México, especialmente en cuanto a los ataques a la libertad de expresión y prensa.
En su informe anual correspondiente a 2017, la CIDH recoge en su capítulo dedicado a México que todo el problema deriva de la “descompostura del Estado de derecho”, y que la violencia se dirige principalmente contra los periodistas.
El organismo califica de “endémicos” los ataques con violencia contra periodistas y las personas defensoras de derechos humanos en el país, lo que “representa la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México hoy en día”.
Ese no es el único reto al que se enfrenta la libertad de prensa en el país.
Además de la violencia, la CIDH destaca una mala transición que sigue arrastrando problemáticas y prácticas “intimidantes” en el ejercicio de la profesión periodística.
Ejemplos como buenas coberturas bajo publicidad oficial, el despido de periodistas críticos, nóminas de reporteros pagados por administraciones y la falta de pluralismo en la propiedad y línea editorial de los medios, son algunos de los puntos que merman la libertad de prensa en México.
En el último informe de la organización Freedom House, México es considerado un país sin libertad de prensa, peor que naciones como Afganistán o Liberia.
“El crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios, como escuchamos de docenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales”, asegura el organismo.
Para los relatores, la violencia en México tiene un “objetivo político en particular” y un “ataque generalizado en las raíces de la vida democrática”.
La CIDH lamentó que, si bien el gobierno federal “reconoce” el problema y hace “esfuerzos (…) para hacer frente a la situación de impunidad”, no hace lo suficiente para paliarlo, ni con recursos ni con “voluntad política”.
En su opinión, los mecanismos de protección no sirven, ya que “de forma sorprendente” no cuentan con los recursos necesarios “considerando el contexto de crisis nacional” que significa el ataque constante contra periodistas y medios de comunicación.
“No han brindado resultados, lo que lleva a un aumento en la frustración. De hecho, la impunidad para estos delitos es la regla general en casos reportados de asesinatos y desapariciones de periodistas”, critica el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), haciendo un llamado a dar un financiamiento adecuado que “no dependa de los vaivenes de la política”.
La poca actuación para acabar con la violencia en México ha generado una “desconfianza” de los medios hacia las instituciones, además de una “desconexión” con los órganos de justicia. La solución debería comprender un “compromiso nacional para expandir la ambición y recursos” de los mecanismos propuestos, algo “básico para abordar la plaga de violencia”.
“La Relatoría Especial observa con preocupación cómo cada vez más periodistas deben optar por dejar de investigar y difundir información de alto interés público para sus comunidades locales para evitar una represalia contra su vida o su integridad física o la de sus familiares”, lamenta en el documento.
En su informe, la CIDH hace un desglose minucioso de las muertes y desapariciones de periodistas y fotoperiodistas en territorio mexicano, así como ataques, agresiones, intimidaciones, amenazas y detenciones a profesionales de la prensa y los medios de comunicación.
En la lista se incluye la muerte de Cecilio Pineda Birto, colaborador de EL UNIVERSAL, así como las amenazas de muerte recibidas por la ex bloguera de este diario Tamara de Anda, y el columnista Héctor de Mauleón.
“Es fundamental que el Estado mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, reclama el organismo, apelando a que no se descarte el “ejercicio del periodismo” como móvil de asesinatos y agresiones.
Además, debería “adoptar un discurso público” que reconozca la importancia de la labor periodística, y asegurar que se adopte “medidas de protección, efectivas y concretas, en forma urgente”, para evitar el riesgo que corren los periodistas en su derecho a la libertad de expresión.
“El Estado mexicano no sólo está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares cuando sabe o debiera saber del riesgo”, concluye el informe.
