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En la madrugada del 18 de abril de este año, José Antonio murió en el Hospital General de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, a causa de múltiples lesiones; horas antes fue detenido por policías municipales junto con otro joven por el presunto delito de allanamiento y robo a comercio.
En días previos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles recibió el reporte de que dos individuos intentaban robar un negocio. En el lugar encontraron a José Antonio, de 15 años, y a otro joven, de 21 años.
Según un familiar, quien pidió proteger su identidad, los jóvenes fueron detenidos, golpeados, les hicieron beber agua sucia, los rociaron con gasolina y fueron sometidos a varias descargas eléctricas.
Cuatro horas después de su detención los llevaron al Ministerio Público, ubicado en el norte de la Huasteca Potosina. Por las heridas que ambos presentaban fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Valles; cuatro días después, José Antonio murió. El otro joven detenido permanecía con diagnóstico reservado.
En la plaza principal del municipio, la madre de José Antonio exigió justicia y pidió al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y al procurador de Justicia, Federico Garza Herrera, que la muerte de su hijo no quedara impune.
La Procuraduría General de Justicia del estado emitió órdenes de aprehensión contra siete elementos que habrían participado en la detención, y que no habían ido a trabajar desde el 18 de abril. Estaban prófugos.
Los resultados del análisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí fueron contundentes. Jorge López Espinosa, presidente de la CEDH, aseguró que la tortura por la que pasaron los jóvenes fue corroborada con el Protocolo de Estambul, que toma en cuenta aspectos médicos y sicológicos.
En el rubro médico se estableció una mecánica de lesiones: las documentadas no correspondían al uso adecuado de la fuerza. José Antonio presentaba golpes en cráneo y tórax. Las pruebas sicológicas realizadas al sobreviviente evidenciaron que sí existió tortura en la detención.
En la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se confirman los actos de abuso: los elementos habrían ingresado al negocio, propiedad de la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento, Margarita Almaguer. Los policías tiraron a los jóvenes, los patearon y golpearon casi 30 minutos, luego cubrieron sus rostros y los subieron a la patrulla. Durante 25 minutos los pasearon por la ciudad, sólo lograban ver un lugar “enmontado”, donde los volvieron a golpear. En la comandancia los mojaron con una manguera, recibieron descargas eléctricas y les echaron gasolina en las manos para que se la untaran.
