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La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera, anunció que la ley actual para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas debe tener mejoras y adecuaciones, pero no necesita ser reinventada.
Al participar en la Mesa Técnica de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, explicó que en abril pasado se presentó una iniciativa en esta materia, pero no fue validada por todas las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad.
Dijo que no da respuesta a las necesidades institucionales que tiene el actual mecanismo, es inviable jurídicamente, carece de apego constitucional en varias de las disposiciones que establece la iniciativa, es financieramente insostenible, no toma en consideración los diagnósticos institucionales, ni considera las acciones positivas que ya se realizan desde el mecanismo, y no se incorporan propuestas que atiendan los problemas de estructura.
“Desde la instalación de la Comisión de Gobernación y Población de la 64 Legislatura, uno de los temas que nos han ocupado es lo relativo a la necesidad de renovar, reforzar y eficientar el marco jurídico relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Como ustedes saben, se presentó una iniciativa en abril, obviamente hay incertidumbre con relación a la presentación de esta iniciativa, hubo mesas de trabajo, se estuvieron trabajando varios aspectos para presentar la iniciativa”, destacó Rocío Barrera.
Habló sobre las preocupaciones de la actual ley, que, dijo, necesita mejoras y adecuaciones, pero no ser reinventada, y hacerlo a partir de datos reales, “no se puede recurrir a ocurrencias, la sociedad identifica que el mecanismo tiene problemas prácticos y operativos, mejorar la articulación con otras instancias gubernamentales y es necesario garantizar suficiencia presupuestaria para la operación”.
Aseguró que las expectativas sobre las mesas de discusión no pueden y no deben ser una simulación, pues las organizaciones que atienden esta problemática tienen que mucho que aportar.