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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) convocó a los gobiernos de los estados de Querétaro y Jalisco, y a las correspondientes fiscalías generales, a valorar las medidas para prevenir actos de autoridad que vulneren la integridad de las personas privadas de la libertad, así como dignificar el trato y las condiciones en los lugares de detención e internamiento en esas entidades.
Con el objeto de mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, en especial de grupos vulnerables, el MNPT les solicitó designar a personal con capacidad de decisión suficiente para vigilar que se protejan derechos humanos, como lo son: trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica y a la protección de la salud e integridad personal.
Los informes de supervisión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió a Francisco Domínguez Servién y Aristóteles Sandoval, gobernadores de Querétaro y Jalisco, respectivamente, y a los fiscales Alejandro Echeverría Cornejo y Raúl Sánchez Jiménez, sobre lugares de privación de libertad, corresponden a las visitas realizadas en junio y noviembre de 2017, por el mecanismo a diversos lugares de detención en que se examinaron el ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad, así como el trato y condiciones de detención.
En las entrevistas anónimas aplicadas a personas privadas de la libertad, se conocieron situaciones de maltrato que reciben por personal de seguridad, falta de estancia digna, higiénica, así como carencia de alimentación adecuada y suficiente.
Se observó que personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos, lo que fomenta el autogobierno y violencia, y favorece el tráfico de sustancias prohibidas.
Se detectó sobrepoblación, hacinamiento, falta de lugares de detención, entre otros.
