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La PGR
se excedió en el cateo a la empresa First National Security , ubicada en Cancún, en el que aseguró mil 500 cajas de seguridad en noviembre del año pasado , afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ).
Ante ello, el organismo dirigió una recomendación más a la dependencia a cargo de Alberto Elías Beltrán , por violaciones a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de los usuarios , y le pidió devolver a la “brevedad” las pertenencias a las personas que aún no hayan sido devueltas.
Tras realizar una investigación, la CNDH acusó que la Procuraduría General de la República omitió informar al juez de Control que el objeto de esa diligencia era una empresa privada abierta al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores , “por lo que al no tener la certeza de que todas las cajas pertenecían a una misma persona, es evidente que no procedía el aseguramiento de ningún bien u objeto que no estuviera relacionado con la investigación ministerial”.
El organismo atribuyó irregularidades a un agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la ejecución del cateo y al fiscal coordinador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Del fiscal coordinador de la SEIDO, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que no supervisó la correcta actuación del Ministerio Público para que desarrollara el cateo conforme a derecho y respeto a los derechos humanos.
“Permitió que durante la devolución de pertenencias violara los derechos básicos de las personas que no estaban relacionadas con los hechos investigados”,
señaló.
Afirmó que en su queja, los usuarios refirieron que el 27 de octubre del 2017 los medios de comunicación dieron a conocer el aseguramiento, embargo y sustracción, por elementos de la PGR, de las cajas de seguridad y aunque recurrieron a la empresa a retirar sus pertenencias, no fue posible debido a que ésta se encontraba resguardada por elementos de la Marina y posteriormente por la Policía Federal , quienes les impidieron el paso.
“Varias personas dijeron que la PGR les pidió desistirse de la queja ante la CNDH y de los amparos ante el Poder Judicial Federal, lo que no se acreditó del todo, pues quienes se desistieron no manifestaron que fue a petición de la PGR, la cual informó que no condicionó la devolución de contenidos, aunque la Comisión Nacional tiene una fotografía en que hay una cartulina con la leyenda “NOTA: Es requisito indispensable, presentar el desistimiento del Amparo y la carta ante la CNDH…”, indicó.
Ante la inquietud e inseguridad de las personas agraviadas por la supuesta exigencia de desistimiento de su queja, la CNDH puntualiz ó que ninguna autoridad de ningún orden de gobierno, ni persona que labore en dependencias gubernamentales, tiene facultades para condicionar o impedir que alguien acuda al organismo a presentar o continuar su queja o para desistirse de la misma.
En razón de lo anterior, el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez s olicitó a la PGR colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia que presente ante la Visitaduría General de la propia institución contra los dos servidores públicos y quien resulte responsable por el exceso en la ejecución del cateo.
Además, le recomendó que en un plazo de cuatro meses a partir de la aceptación de la recomendación , deberá diseñar e impartir un curso a todo el personal ministerial de la PGR que intervenga en operativos de cateo , y elaborar un protocolo de actuación homologado sobre la debida diligencia ministerial apegándose a los artículos 14 y 16 constitucionales.
mpb
