La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación contra los funcionarios encargados del caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa .
La carpeta fue iniciada por la posible comisión de cohecho y delitos contra la administración de justicia en el procedimiento abreviado por el que el ex mandatario fue condenado a nueve años de prisión y a pagar una multa de 58 mil pesos.
La Visitaduría inició la investigación luego de que la organización de la sociedad civil Tojil presentó una denuncia por posibles actos de corrupción que permitieron que a Javier Duarte se le impusiera una pena mínima por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero producto de desvío de 500 millones de pesos en recursos públicos en perjuicio del estado de Veracruz.
La PGR notificó a la asociación del inicio de los actos de investigación necesarios y le requirió que acredite su calidad de víctima dentro del procedimiento para que pueda dar seguimiento a las indagatorias, por lo que citó a su representante legal para el próximo 12 de octubre.
“En caso de que esta calidad le sea reconocida a la organización, ya sea por el Ministerio Público Federal o por un Juez, generará un gran precedente en materia de transparencia y acceso a la justicia en los casos vinculados a corrupción en México”, informó la organización.
En entrevista con EL UNIVERSAL , Adriana Greaves y Estefanía Medina , directoras de la Fundación Tojil afirmaron que la sentencia de 9 años de prisión y el decomiso de algunos bienes, que la PGR ya tenía bajo su resguardo, no son penas suficientes para resarcir el daño ocasionado.
“Buscamos que se investigue si hubo efectivamente un delito o una falta administrativa en el curso de las investigaciones del caso Duarte”, explicó en entrevista Estefanía Medina.
“Queremos saber si el Ministerio Público que aprobó irse por el procedimiento abreviado se apegó a las reglas internas que tiene la propia fiscalía para otorgar ese beneficio, tenemos que entender que esta decisión de ofrecer este procedimiento abreviado a Duarte es una facultad del ministerio público”, agregó Adriana Greaves.
De acuerdo con Tojil, la PGR incurrió en diversas discrepancias en las acusaciones derivadas de su investigación, que inicialmente fueron por delincuencia organizada y lavado de dinero y posteriormente la dependencia modificó el primero de los delitos para acusarlo formalmente de asociación delictuosa.
“El procedimiento abreviado de ninguna manera es un derecho del imputado, si a él (Duarte) no se lo hubiera ofrecido la Procuraduría, él no hubiera podido ir a pedir ante un juez, entonces por eso señalamos que la falla, en caso de haberla, es 100 por ciento de la Procuraduría porque de no haberlo propuesto no se hubiera podido dictar en esos términos la sentencia”, señaló Medina.
Entre las diligencias de investigación solicitadas por la asociación está la de recabar el nombre del funcionario que ofreció el procedimiento abreviado a la defensa de Javier Duarte para saber si existieron irregularidades o corrupción en su actuar.
“No se puede tener por reparado el daño con los decomisos que se ordenaron en la sentencia, lo que hizo la Procuraduría fue que los bienes que ya tenía asegurados fueron decomisados pero esto es muy diferente a lo que se llama una reparación del daño a las víctimas que hubiesen sido el erario de Veracruz o el federal y eso no se solicitó por la PGR”, comentó Medina.
Greaves explicó que los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa no tienen una víctima directa como tal, razón por la que supuestamente la PGR no solicitó una reparación del daño, pero que en el caso concreto de Javier Duarte, se podía tener como víctimas al erario de Veracruz o al federal y a la colectividad en general porque son los ciudadanos quienes pagan sus impuestos mismos que no se utilizaron para los fines establecidos en ley.
jno
