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Debido la falta de recursos humanos y económicos, las medidas de resguardo ineficientes, la impunidad para sancionar delitos y la criminalización por parte de las autoridades, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha dejado vulnerables a sus beneficiarios, consideraron la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés).
Estas organizaciones llegaron a esa conclusión después de realizar el estudio “Cambiando el curso de la impunidad: Protección y acceso a la justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México” , en el cual se revelan las principales deficiencias del Mecanismo de Protección y también las áreas de oportunidad para mejorarlo.
Según la WOLA y la PBI, el Mecanismo de Protección sólo cuenta con 35 servidores públicos para supervisar a 831 periodistas y defensores de derechos humanos. De igual forma, a pesar de en 2018 se requirieron 259 millones de pesos para salvaguardar la vida de estas personas, el Congreso redujo en 20 por ciento ese presupuesto para 2019.
Además se detectó que las autoridades y las fuerzas de seguridad mexicana son identificadas frecuentemente como las responsables de los ataques, pues en el 39 por ciento de los casos del Mecanismo los presuntos agresores habrían sido funcionarios públicos. En este sentido, el abuso de autoridad es el segundo más reportado ante procuradurías y fiscalías estatales.
También, la WOLA y las PBI informaron que de los mil 77 casos iniciados en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre el 2012 y 2018, menos de 12 por ciento resultaron en un juicio y sólo cinco llegaron a una condena —menos del 1 por ciento.
Y a esto se suma la criminalización por parte de las autoridades. “Algunas de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley a menudo dedican tiempo y recursos valiosos para desacreditar y criminalizar el trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en lugar de garantizar su protección”, se asegura en el estudio.
¿Cómo mejorar?
El estudio de la WOLA y las PBI, resultado de más de 40 solicitudes de información y entrevistas con expertos nacionales e internacionales, también considera los puntos en los que el Mecanismo de Protección podría mejorar, así como sus virtudes actuales.
Según las organizaciones, “el Mecanismo ha logrado algunos avances en el desarrollo de estrategias que trascienden la protección inmediata”, haciendo referencia al plan de contingencia que se ha establecido con el gobierno de Chihuahua para salvaguardar la vida de quienes se encuentren ante un riesgo inminente.
Asimismo, se recomienda al gobierno mexicano “garantizar que el Mecanismo cuente con recursos humanos y financieros para desempeñar sus funciones adecuadamente, mejorar los análisis de protocolo de riesgo, más coordinación entre las autoridades que participan en el Mecanismo, que las unidades de protección locales trabajen con organizaciones sociales, la publicación de un mapa de riesgos donde se identifiquen las causas de la violencia y que las autoridades de los tres niveles reconozcan el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos”.
