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Las escuelas particulares de la Ciudad de México y el Estado de México están pagando hasta 15 mil pesos para obtener el dictamen de seguridad estructural que les permita seguir operando después del sismo del 19 de septiembre, señaló la presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Consuelo Mendoza.
En conferencia de prensa, señaló que ha habido información “confusa”, puesto que las autoridades educativas no han dicho con claridad a los directores de las escuelas privadas cuál debe ser el proceso para validar el dictamen privado y, posteriormente, obtener el Certificado de Seguridad Estructural que entrega la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Las escuelas particulares deben pagar entre 10 y 15 mil pesos para la realización del peritaje y reanudar actividades”, sostuvo.
“Algunos planteles han sido víctimas de supuestos peritos que cobran por sus servicios. En el Estado de México se ha remitido a los colegios a presentar sus peritajes ante las supervisiones escolares, y al hacerlo, éstas se dicen sorprendidas y sin autoridad para poder recibirlos”, comentó Mendoza.
Hasta el momento la UNPF ha recibido 40 reportes de escuelas que no pueden ser ocupadas por pérdida total o que tienen daños superficiales o parciales, pero que no pueden abrir porque no tienen el recurso para contratar a los peritos que elaboren el dictamen de seguridad estructural requerido por la dependencia federal.
Las escuelas particulares, además de hacer el peritaje requerido por la SEP, tienen que entregarlo en las instalaciones de la Autoridad Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, y, previamente validarlo ante las autoridades de Protección Civil del gobierno capitalino.
“La división entre pública y particular está afectando a las familias y a los niños que no van a poder recuperar los días de clase. Creo que hay muchas otras instancias que tienen toda la autoridad que no tiene la SEP, como el Colegio de Ingenieros y Arquitectos o la Cámara de la Industria de la Construcción que pudieran apoyar de manera gratuita”, señaló.
“Se ha dado un trato desigual a la educación particular con respecto a las escuelas públicas, debiendo pagar ellos mismos el peritaje de sus inmuebles para luego entrar en trámites burocráticos que son confusos y poco eficientes”. precisó Mendoza.
