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Con el objetivo de evaluar la situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, incluido el tema de la seguridad de los periodistas, como cuestión de máxima prioridad, David Kaye, relator especial sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Edison Lanza, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizarán una visita conjunta a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre.
“México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”, manifestaron los expertos en una declaración conjunta antes de su visita.
Los expertos indicaron que los medios de comunicación y sus periodistas enfrentan presiones desde varios frentes y agregaron que “si bien existe una serie de mecanismos diseñados para protegerlos, el gran número de ataques y la impunidad en la mayoría de los casos muestran claramente que los mecanismos de protección actuales son inadecuados”.
Señalaron que esta visita brindará una oportunidad para entender qué cambios en el marco institucional, legal y de políticas públicas podrían remediar esta situación y también “nos permite evaluar si las recomendaciones hechas por nuestros predecesores, en 2010, se han implementado”.
Los expertos, cuya visita se efectúa a invitación del gobierno de México, se reunirán con autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales a nivel federal y estatal. Además, informaron que se reunirán con periodistas, representantes de los medios e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Detallaron que su misión los llevará a realizar visitas en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa.
Para compartir sus hallazgos preliminares de su visita al país, los relatores especiales del organismo mundial llevarán a cabo una conferencia de prensa en la capital mexicana el próximo 4 de diciembre.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, que es el nombre general que se da a los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los integrantes de este mecanismo trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor, además de que son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.