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Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto destinaron 65 mil 922 millones de pesos a las organizaciones de la sociedad civil para que pudieran realizar sus actividades en los últimos 13 años. Datos de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil —integrada por un representante de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores— revelan que la administración pública federal aumentó 600% el gasto en asociaciones, entre 2005 y 2018.
Mientras que en el primer año de ese periodo el gobierno invirtió mil 232 millones de pesos en acciones de fomento económico y convenios con las ONG, en 2018 gastó 6 mil 209 millones de pesos por el mismo concepto.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, con una inversión de 37 mil 622 millones de pesos, fue el que más dinero erogó para que la sociedad civil apoyara a su administración.
La información de la Comisión de Fomento también muestra cómo las asociaciones crecieron en el país: en 2007 había 6 mil 133 registradas; actualmente, hay más de 22 mil que cuentan con los requisitos para acceder al erario.
Por otra parte, el aumento del gasto en organizaciones no fue lineal. También varió el número de las ONG beneficiadas, al igual que las dependencias que destinaron recursos a la sociedad civil.
Por ejemplo, 2015 fue el año en el que más dinero se les entregó con un total de 7 mil 256 millones de pesos, una cifra que no se ha vuelto a alcanzar.
Asimismo, en 2014, cuando se benefició a 3 mil 323 organizaciones, fue el momento en el que más asociaciones accedieron a los recursos públicos.
En esos dos años también concordó que la SEP erogó el dinero público a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Desde 2007, la dependencia educativa ha otorgado más de mil millones de pesos a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que es la dependencia que más ha recurrido a éstas y las ha financiado.
A pesar de que en los últimos años el gasto en organizaciones sociales se incrementó, esto podría cambiar luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que les quitaría los apoyos económicos por considerar que no los ejercían de forma adecuada.
“No es autoritarismo, es no ser cómplices de la corrupción. Y sí hay investigación; en el caso de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, el expediente, todo lo que se descubrió, se está remitiendo a la Fiscalía General de la República”, dijo el mandatario hace dos días.
Al mismo tiempo que el jefe del Ejecutivo dio estas declaraciones, organizaciones de la sociedad civil consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que si bien sí pueden existir casos de corrupción, estos no son generalizados y todas las ONG no pueden ser “echadas a la misma bolsa ni calificarse por igual”.
Para que no se cometan actos de corrupción en la entrega de recursos a las asociaciones, desde 2004 la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil regula esta acción.
El decreto especifica que las organizaciones pueden apoyar a la alimentación popular y al desarrollo de los pueblos indígenas; promover la equidad de género y el deporte; defender derechos humanos; ofrecer servicios para la atención a la salud y asistencia jurídica, así como aportar ayuda para la atención a grupos sociales con discapacidad, entre otras actividades.
Recorte inconstitucional
Jorge Aguilar, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que la decisión de recortar recursos económicos a las organizaciones sociales podría ser inconstitucional, por lo que llamó a las autoridades a replantear su decisión.
“Hay un marco legal que permite que estas organizaciones reciban recursos públicos para realizar su trabajo. El no permitir discrecionalmente que las ONG accedan al erario sería ilegal y se estarían violando los derechos de las mismas organizaciones”, sostuvo el experto.
Añadió que, aunque desde su organización no han detectado ningún caso de corrupción, el gobierno culpa de manera generalizada a las ONG y se olvida su aportación histórica.
“Ese discurso de la corrupción invisibiliza y daña a las organizaciones, a pesar de su aportación histórica en muchas luchas: por la democracia, por los derechos humanos, por la generación de mecanismos de vigilancia a las autoridades e incluso de fiscalización”, dijo.
No obstante, Alaín Pinzón, activista y defensor de derechos humanos, señaló que la estrategia de quitar recursos podría ser una buena noticia, porque significaría que las ONG se acostumbrarán a nuevas fuentes de financiamiento.
“Si bien las organizaciones sociales deben colaborar con el gobierno, no deben ser dependientes de él. Lo mejor es tomar distancia para tener más autonomía y esta decisión de la nueva administración podría representar una oportunidad para lograrlo”, aseveró.
