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El proceso pacificador propuesto por la próxima administración es realmente necesario, pero si no se fortalecen en paralelo las instituciones de justicia no logrará sostenerse, dijo la coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa, María Novoa.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Novoa reconoció que la reparación del daño, el acceso a la justicia y el no olvido son fundamentales para las víctimas, pero también lo es la no repetición.
“Tanto en la campaña electoral como en este proceso de transición no se tiene en la agenda pública la consolidación del sistema penal acusatorio, que sería algo muy importante, porque con ello viene la transformación de las instituciones que lo operan”, destacó.
“Si no logramos fortalecer estas instituciones en paralelo, policías, procuradurías, fiscalías, poderes judiciales, defensorías y comisiones estatales de víctimas, simplemente volverán a repetirse, porque no se trabaja realmente en las causas que generan el problema, pues muchas de las violaciones graves a derechos humanos vienen de la propia autoridad”, dijo.
Por ello, enfatizó en que el momento de cambio político por el que atraviesa el país debe ser aprovechado para transformar la procuración de justicia del país y lograr que el sistema penal acusatorio empiece a funcionar.
Este jueves, México Evalúa presentará la quinta edición de “Hallazgos” del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el que por primera vez se incluyó un índice de impunidad donde el promedio nacional supera 80%.
Esos índices que analizan los resultados registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no incluyó las cifras reportadas por los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
“Para la construcción del indicador se utilizaron todas las posibles salidas positivas existentes en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En este sentido, Guanajuato logró obtener niveles bajos de impunidad al emplear en una alta proporción la determinación de no ejercicio de la acción penal (39%)”, indica el informe.
Jalisco es la entidad que presentó un mayor índice de impunidad, 99.3%; Tlaxcala, 99.1%; Yucatán 98.9% y Nuevo León, 97.3%.
“Existe una tendencia generalizada a no resolver o solucionar los delitos que se conocen, pese a que sólo una pequeña parte de todos los delitos llegan al conocimiento de las autoridades”, agrega el documento.
Con estos resultados, Novoa expone que si bien la reforma penal de 2008 es irreversible, las propuestas que ha mencionado el presidente electo podrían contraponerse con los principios del sistema.
Explicó que antes de pensar en reformas legales, se requiere una evaluación integral del sistema y sus resultados para determinar si es necesario un ajuste.
Para Novoa, algunos de los cambios hasta ahora propuestos por Andrés Manuel López Obrador, como la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, implican el riesgo de que se conviertan en una contrarreforma.
A nivel nacional, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene dos años de operación, por lo que la especialista afirmó que se debe esperar a que madure y se estabilice para después evaluarlo integralmente y con las evidencias hacer los ajustes necesarios.
“Ahorita, la prioridad no es cambiar la norma sino lograr que el sistema opere de manera óptima, el problema es de operación no del diseño normativo del sistema”, detalló.
“Sí hay un riesgo latente de que estos cambios con el tiempo se conviertan de forma paulatina en una contrarreforma que afecte principios esenciales”, explica.
“Hallazgos” destaca que existe un uso indiscriminado del archivo temporal, facultad que tienen el Ministerio Público para archivar un asunto durante la investigación inicial cuando no haya suficientes datos o elementos, a fin de establecer líneas que puedan llevar al esclarecimiento de los hechos.
Esto, según el informe, evidencia la incapacidad institucional de policías y ministerios públicos para realizar la investigación: “Su uso resulta conveniente a la autoridades, pues genera que esas investigaciones no cuenten en las cifras de rezago, puesto que estadísticamente están determinadas, además de ayudar a evitar el uso estigmatizado de la acción penal”.
Campeche, Baja California Sur, Chiapas, Veracruz y Michoacán son los estados que mandan más de 75% de sus investigaciones al archivo temporal, y los que menos usan esta figura son Sinaloa, Sonora, Baja California y Puebla.
