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Los sismos de septiembre de 2017 hicieron peligrar los derechos a la vivienda y a la educación, porque “no hubo una estrategia integral” para las personas que se quedaron sin hogar, aseguró Amnistía Internacional (AI).
Al hacer un balance sobre los derechos humanos en el país, planteó que además los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos fue una constante el año pasado debido a que los mecanismos existentes no brindaban protección.
En el informe 2017-2018 La situación de los derechos en el mundo, la organización mundial indicó que tras los temblores del 7 y 19 de septiembre pasados, donde fallecieron 360 personas y más de 150 mil viviendas se vieron afectadas, los servicios educativos se vieron vulnerados durante semanas o meses, mientras se realizaban controles de seguridad y labores de reconstrucción en las escuelas.
“No hubo una estrategia integral para garantizar que se brindarán opciones de vivienda segura y adecuada a las personas que quedaron sin hogar”.
En el tema de ataque a periodistas y defensores de derechos humanos, AI expuso que continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios que sumaron 12 periodistas muertos, la cifra más alta registrada en un año desde 2000.
En el informe, que hoy será presentado y al cual asistirá James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización consideró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “no investigó si el trabajo de estos profesionales podía haber motivado los ataques en la mayoría de los casos” y afirmó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no brindaba protección adecuada.
En cuanto al nuevo Sistema de Justicia Penal, Amnistía Internacional consideró que éste seguía con la reproducción de los problemas del antiguo método penal, “entre ellos, la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con prácticas contrarias a los derechos humanos y otras evidencias ilícitas”.
Recordó que durante 2017 se produjo un incremento en el número de homicidios, que sumaron 42 mil 538, lo que significó la cantidad anual más alta registrada, ante esto, Amnistía Internacional consideró que “la cifra podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la policía y no todos los que denunciaban derivaban en medidas oficiales”.
El organismo informó que la violencia de género contra mujeres y niñas es generalizada en le país, y que la investigación de la mayoría de los casos es deficiente. Los autores de la violencia gozaban de impunidad.
Recordó que en 12 estados existe alerta de violencia de género, pero dependen de esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra las mujeres; sin embargo, “al finalizar el año [pasado] no se ha demostrado que los mecanismos de alerta hayan reducido la agresión de género contra mujeres y niños”.
AI explicó que las desapariciones forzadas que se relacionan con el Estado mexicano y las desapariciones perpetradas por civiles seguían siendo una práctica habitual y los responsables gozan “de una impunidad casi absoluta”.
Recordó que en 2017, México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo en su historia, la mayoría, de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, además de que 88 mil 741 migrantes que entraron de manera ilegal al país fueron detenidos y de ellos, 74 mil 604 fueron deportados, “en la mayoría de los casos, sin la posibilidad de impugnar su repatriación”.
Precisó que en agosto se difundió un informe donde se documentaba que en centros de detención de migrantes había violaciones de derechos humanos, como hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos adecuados, reclusión, tortura y malos tratos.
La organización detalló que las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza”, señaló el organismo.
Amnistía Internacional consideró como “preocupante” la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, porque permite la prolongada asignación de funciones policiales a las Fuerzas Armadas, “una estrategia que se ha vinculado con el aumento de las violaciones de derechos humanos”.
Sobre el caso de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, AI detalló que se avanzó poco en las pesquisas, y recordó que en marzo del año pasado, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano reiteró la versión de que los 43 estudiante habían sido asesinados y quemados en un vertedero local, “una teoría cuya imposibilidad científica había sido demostrada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
