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Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó ayer más gastos realizados por el candidato priísta al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restó erogaciones y ordenó medidas que prácticamente extinguirán el exceso de inversión de la coalición Por un Coahuila Seguro.
Al resolver procedimientos oficiosos sobre gastos en representantes de casilla, el INE aumentó ayer 501 mil pesos a las erogaciones de esa campaña, lo que llevó a un rebase de 10.5% del tope.
Cuatro horas después, en sesión nocturna, el TEPJF restó un millón 43 mil pesos, de ellos 993 mil 13 por propaganda en Facebook, 46 mil 440 que el INE consideró aportación indebida —por el descuento de un proveedor de pantallas— y 3 mil 750 porque no es gasto de campaña la comida ofrecida a Riquelme en sus recorridos.
Con esa rebaja, el exceso de gastos quedó por ahora en 979 mil 797 pesos, es decir 5.09% arriba del tope permitido, pero podría reducirse e incluso extinguirse, pues se revisarán más de 707 mil pesos más.
Lo anterior, porque los magistrados ordenaron repartir 278 mil 399 pesos no entre dos candidatos (incluido Riquelme) como hizo el INE, sino entre todos los aspirantes beneficiados por propaganda, sean de coalición o de los partidos integrantes, pero postulados en lo individual, caso en el que el PRI aseguró que son 30.
El tribunal también reabrió el proceso de fiscalización al instruir al INE conceder derecho de audiencia y resolver sobre gastos en edición de videos por 139 mil 200 pesos y en producción de spots de televisión por 290 mil. La suma por ambos es de 429 mil 200.
Así, la coalición que postuló a Riquelme podría quedar sin exceso en gasto de campaña.
La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora, aseguró que no se le dio la razón en todo a la coalición del PRI.
Dijo que aún hay pendientes como la posible impugnación a la resolución emitida ayer por el INE al resolver los oficios sobre representantes de casilla; el acatamiento de lo ordenado al instituto en cuanto al derecho de audiencia en los dos casos citados, y la calificación de la elección.
El magistrado José Luis Vargas criticó el actuar del INE durante la fiscalización e hizo un “llamado enérgico a quien en el INE incumplió con esta obligación” de notificar debidamente a los sujetos fiscalizados.
Consideró que eso pudo haber llevado a “supuestos graves de violación a derechos fundamentales de los sujetos regulados”, eso afectó la certeza, pero “las diversas omisiones sancionadas no llegan a poner en peligro” la fiscalización.
A su juicio se transgredieron las reglas del debido proceso “al no dar oportunidad de solventar observaciones, lo que implicó juzgamiento sin garantía de audiencia”.
Recriminó que a tres meses de la elección “desconozcamos la auditoría a los recursos de las campaña… es injustificable que se hayan impuesto sanciones por errores y omisiones que no fueron debidamente juzgados y no fueron notificados”, advirtió.
