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El 29 de marzo de 2010, Sergio Sánchez Arellano fue detenido afuera de su domicilio en Ciudad Nezahualcóyotl por nueve personas que no se identificaron ni presentaron orden de aprehensión. Acusado de homicidio, se le condenó a 27 años y siete meses de prisión.
Por casi ocho años la familia de Sergio tuvo que cambiar su rutina, buscar la manera de sacarlo de la cárcel, incluso vendieron la estufa y el refrigerador para conseguir dinero, recuerda Carolina Sánchez, su hermana.
Originario de la comunidad de La Providencia, en el municipio mexiquense de San José del Rincón, perteneciente a la etnia mazahua, Sergio se dedicaba a la venta de dulces típicos, al momento de su detención tenía 32 años. Padre de cinco hijos y sostén de su madre.
“No por ser indios somos rateros o asesinos”, dice Carolina al recordar el ir y venir que vivieron por siete años con 10 meses para demostrar la inocencia de su hermano.
La detención de Sergio se realizó, al menos, 28 días después del asesinato del que se le acusaba. Según la parte informativa del expediente, la detención se realizó debido al señalamiento de una persona que acompañaba a los supuestos policías en un rondín de rutina en un día cualquiera.
En ese documento se indica que Sergio fue amenazado con un arma de fuego para que se confesara culpable del delito, a lo cual el indígena no accedió.
Carolina detalla que la única prueba para sostener la acusación contra su hermano era el testimonio de una persona, un supuesto testigo que lo reconoció como el culpable del homicidio que ocurrió el 2 de marzo por el Metro Tacuba, el cual fue considerado como “inconsistente, inverosímil e ilógico” por su defensa a cargo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La falta de un defensor al momento de la audiencia y el reconocimiento ilegal de Sergio por parte del supuesto testigo en el interior de la oficina del agente del Ministerio Público son algunas de las irregularidades que se detectaron en su caso, argumentos para abogar por la liberación del hombre mazahua.
“Nunca entendimos por qué lo acusaban, mi hermano ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, nunca nos explicaron cómo fue que lo reconocieron, nada, se aprovechan de que somos indígenas para no darnos voz”, asegura Carolina.
Tras un largo proceso jurídico, el pasado 1 de febrero un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México concedió un amparo a Sergio Sánchez Arellano, por lo que se ordenó su liberación al no haber pruebas que lo incriminaran en ese delito.
Pese a que Sergio dejó la prisión, el estigma de haber sido acusado de homicidio lo persigue a él y su familia.
Carolina pide a las autoridades investigar los hechos antes de encarcelar a los acusados. “Antes de castigar que investiguen, antes de cambiar la vida de una familia, tienen que revisar”, condena.
