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A Charly le taparon los ojos, lo golpearon y le amarraron las manos por atrás, después de que unos hombres vestidos de marinos lo detuvieron en la calle en Villahermosa, Tabasco. “Me desabrochó el pantalón, me metió la mano con un guante, me empezó a dedear, me lastimó, me levantó el brasier, me trajo por un rato dando vueltas, hasta que ya después me bajó de la camioneta. Yo ya no tenía tenis ni calcetas y pisé gravilla”.
En México al menos 10 mil personas privadas de su libertad fueron violadas sexualmente al momento del arresto y traslado al Ministerio Público o durante su estancia en él. Las autoridades que torturan con mayor frecuencia al cometer una detención son de la Marina, el Ejército y de la Policía Federal (PF).
Entre ocho y nueve de cada 10 personas que dichas instancias de fuerza pública arrestan son sometidas a tortura o malos tratos, que van desde amenazar y levantar cargos falsos, impedir respirar, golpear, realizar quemaduras, aplicar descargas eléctricas y amagar a los familiares con dañar a las víctimas, hasta violar sexualmente a éstas, entre otras.
Así lo describe una investigación estadística sobre tortura a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, elaborada por World Justice Project, con base en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 realizada por Inegi. Se contempló un universo de personas sentenciadas o procesadas que fueron detenidas de 2006 a 2016. El proyecto está a cargo de Roberto Hernández, abogado y codirector del documental Presunto Culpable.
Desde el día que Charly fue detenida en Tabasco, hasta su liberación en Cuernavaca, Morelos, pasaron cinco años. Le imputaron cuatro delitos: delincuencia organizada, daños a la salud, secuestro y posesión de armas. Ella cambió de género en la prisión femenil.
De todas las personas detenidas, es más frecuente que aquellas acusadas por secuestro hayan sido torturadas o maltratadas por las autoridades. Del total de personas procesadas o sentenciadas por extorsión, secuestro o portación ilegal de armas, más de 90% fueron torturadas o maltratadas.
Agresiones
El 27 de agosto de 2011, Denise y Korina despertaron en una casa en Villahermosa cuando escucharon golpes y ruidos. Era un grupo de hombres armados irrumpiendo en su habitación. Eran elementos de la Marina. Querían saber “dónde estaban las armas y las drogas”.
Para entonces las mujeres tenían una relación amorosa. Originarias de Veracruz, habían llegado a Tabasco recientemente con la intención de trabajar. Ambas recuerdan que los sujetos esculcaron entre sus cosas, las golpearon y las insultaron. A rastras, las subieron a una camioneta, en la que iban otras personas heridas. Ahí las agredieron sexualmente.
“Yo le dije [a un elemento]: ‘Vine a ver a mi pareja y no estoy haciendo nada’, y me dijo: ‘¿Quién es tu pareja?’, ‘Korina’, contesté. Y comentó: ‘Ah, entonces tú eres lencha’, y continuó: ‘¿Por qué no te gusta lo demás de un hombre?’, le contesté: ‘Pues no, yo soy así de nacimiento, no es por como dicen que cuzca’. ‘Pues a ver si es cierto cuando sientas la verga, no te va a gustar’, me dijo. Yo le dije que por qué intentaba hacerme tanto daño, si yo no le estaba haciendo nada; me dijo: ‘Eres una mugrosa’, y me empezó a tocar”, relata Denise.
Korina, por su parte, recuerda que la amenazaron con una violación tumultuaria, que le dieron toques en las nalgas, pechos y piernas. Se orinó de los nervios, mientras continuaba pidiendo que la mataran con tal de que la tortura terminara. Cuando se cayó de una silla, escuchó que un hombre se estaba quitando el cinturón. Ella pensó que la iba a golpear.
“Pero no, me puso su parte en mi boca, yo nunca la abrí, me agarraba y me pegaba para que abriera la boca, pero yo pujaba y me quitaba”. Después entró otra persona y dijo: ‘No mames, déjala ya’. Empezaron a hablar y a decir: ‘Nos equivocamos, ellas no eran, pero ya no las podemos dejar si ya las madreamos y nos van a denunciar’”, externa.
Para el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, el obstáculo principal en tortura sexual es doble.
“La impunidad es el obstáculo general en todos los casos de tortura, la tendencia de las autoridades de no admitir, de solidarizar la institución con los perpetradores y además el desafío de género. México sí es un país donde la violencia de género en todas las dimensiones es tremenda y también la aceptación de violencia de género. El perdón que se da, las excusas que se dan a los perpetradores eso es parte importante del problema, es un factor muy preocupante”, refiere.
EL UNIVERSAL solicitó a las autoridades, vía transparencia, información correspondiente sobre tortura sexual y agresiones de autoridades para poder contextualizarla.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 15 quejas, de las cuales 11 concluyeron con recomendación en los últimos dos sexenios.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registra desde su creación, en 2014 a la fecha, tres víctimas directas (dos hombres y una mujer) que sufrieron violación sexual y ocho víctimas indirectas; es decir, familiares o personas con una relación inmediata a un torturado. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es señalada como la responsable en todos los casos.
La Policía Federal sólo reconoce dos casos en sus archivos, ambos ocurridos durante 2016 en Morelos, mientras que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) reconoce 14 casos de tortura a mujeres; tres en 2011 y 11 en 2019.
Pese a que recuperaron su cotidianidad, Korina y Denise aún padecen las secuelas de la tortura. Les cuesta trabajo estar en la calle, y las dos están convencidas de que lo que les ocurrió fue debido a sus preferencias sexuales.
“A nosotras por nuestras preferencias sexuales nos agredieron, nos violaron. También nuestros derechos, nos hicieron daño de todas las formas: sicológica, emocional y física”, lamenta Denise.
Todavía en prisión
Han pasado nueve años desde que Sofía Viridiana fue detenida por la Policía Federal en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La mujer de 32 años está presa desde el 6 de abril de 2010.
Minutos antes de ser arrestada iba en su carro rumbo al banco en compañía de una menor de edad. Hasta que la rodeó una decena de policías federales y, para que se detuviera, chocaron su auto. A golpes, la subieron a una camioneta y se llevaron a la menor en otro vehículo. No paraban de preguntarle la ubicación de su novio, aunque ella desconocía esa información.
Todo el tiempo la llevaron con la cabeza hacia abajo, dejándole el cuello muy lastimado, le vendaron los ojos y le pusieron un arma en la sien. Cuando llegaron a un lugar, la bajaron del automóvil, la hicieron caminar por un estacionamiento y, acostada, la amarraron a una banca. Los recuerdos que tiene de ese momento son golpes con puños y tubos; patadas; agua en la cara para que se ahogara; burlas, ganas de vomitar; la insistencia de que dijera dónde estaba su pareja; descargas eléctricas en una pierna, muy cerca de la vagina.
Viridiana continúa detenida en prisión preventiva, sin condena, en una celda del penal de Santiaguito, antes conocido como Almoloya. Tiene dos cargos: hipótesis de secuestro y secuestro agravado.
Recientemente le dictaron en uno de sus dos procesos penales sentencia absolutoria, porque el juez consideró que las lesiones que sufrió y la afectación sicológica que aún tiene podrían ser derivadas de la tortura.
Una práctica arraigada
El 30 de junio se sumará la Guardia Nacional a las tareas policiales que ahora realizan la Marina, el Ejército y la Policía Federal, instancias de seguridad que registran mayor cantidad de torturas.
Para Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional México, la tortura es una práctica arraigada en las fuerzas públicas del país.
“Se ha dicho mucho sobre los cursos que tendrá la Guardia Nacional, pero las fuerzas del orden llevan ya mucho tiempo recibiendo capacitaciones en derechos humanos [sin resultados] . Sin consecuencias y castigos no habrá un cambio”, expresa.
Si se analizan los delitos por las que estas mujeres fueron acusadas, como narcomenudeo, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, para el Alto Comisionado de la ONU-DH se trata de una “lógica perversa de obtener resultados a cualquier costo, incluso a costo de tortura y de fabricación de delitos”.
